El pasado día 2 la Diputación de Valencia presentó ante una nutrida representación de asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales, cargos públicos y otras entidades, un informe sobre los recursos existentes para hacer frente a la violencia de género en la provincia. El resultado es alarmante y al mismo tiempo previsible, en razón a las políticas de recortes desarrolladas de forma metódica por el Partido Popular. Es de destacar, en primera instancia, la falta de interés por el tema o las deficiencias existentes en los canales de comunicación con la mayoría de los ayuntamientos, demostrada en la escasa respuesta al cuestionario enviado. Resulta llamativo que el sentimiento demostrado en concentraciones y minutos de silencio en protesta ante los asesinatos de mujeres, no tenga una traslación automática a la hora de priorizar cualquier tarea encaminada a fortalecer la lucha frente a esta lacra.
Con todo, la información ha sido suficiente para detectar algunos rasgos muy definitorios. Sólo 25 ayuntamientos de la provincia acceden al sistema VIOGEN que permite a la Policía Local el acceso a la información y recursos existentes para la atención a las víctimas. Es minoritario el número de consistorios que prestan asesoramiento jurídico, que tampoco cuenta siempre con el nivel de calidad necesario. Un porcentaje todavía menor cuenta con un Plan de Igualdad para la ciudadanía donde se pondrían los cimientos para construir la sociedad igualitaria capaz de erradicar los maltratos machistas. Los recursos para la inserción laboral de las mujeres son casi inexistentes y muy deficiente la oferta de viviendas para resolver un problema básico que afrontan las mujeres cuando denuncian. Por último, es preciso señalar que aunque hay muchos profesionales y especialistas relacionados con el tratamiento de este problema que ofrecen una atención impecable y entregada, no está garantizada estructuralmente la formación de la mayoría de ellos.
Los recursos de una ciudad como Xàtiva, aunque no participó en la encuesta, son bastante similares a los ya descritos. De hecho, en el mapa de recursos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad sólo se señalan las ubicaciones de los cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro de Infodona. No se ha suscrito el acuerdo que permite participar en el sistema VIOGEN y no se cuenta con Plan de Igualdad ni contra la Violencia de Género. Aunque el esfuerzo por la inserción laboral de las mujeres se ha manifestado en la inclusión de cláusulas sociales en las nuevas contrataciones, los planes de empleo realizados hasta la fecha no incluyen un análisis con perspectiva de género que evalúe la convocatoria y sus resultados. Tampoco ha habido informe de impacto de género en los presupuestos municipales de este año, aunque es explícita la intención de realizarlo en años venideros.
Una prioridad en la agenda municipal. El nuevo equipo de gobierno de la ciudad suscribió el Pacto de la Xàtiva Violeta por el que se contraen compromisos objetivos y evaluables que permitan trabajar contra la violencia machista y contra las desigualdades que penalizan a las mujeres. Por eso, en su agenda figura como prioritario el objetivo de elaborar un Plan de Igualdad y un Plan contra la Violencia Machista, que ya está en marcha, al contrario de la Casa de la Dona comprometida cuyo futuro, al parecer, es más discutible. En una ciudad donde la ciudadanía se ha posicionado tantas veces como ha hecho falta contra los asesinatos machistas y en la que se vienen haciendo serios esfuerzos en este sentido „aunque hasta la fecha sean poco sistemáticos y excesivamente improvisados„ está justificada la confianza en que el ayuntamiento hará los esfuerzos necesarios para hacer realidad los compromisos acordados.
