La Sindicatura de Comptes ha puesto la lupa sobre 131 ayuntamientos valencianos que, a lo largo de 2014, obviaron los controles de la Intervención y la secretaría con la autorización de gastos y la adopción de acuerdos que violaron la normativa y pudieron suponer un perjuicio económico para las arcas municipales. El informe publicado por el organismo fiscalizador recoge una muestra de las irregularidades «más relevantes» que incluye, en el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, a los consistorios de Fontanars y Llanera de Ranes.
En el primer municipio, el documento detecta el fraccionamiento de un contrato adjudicado por el equipo de gobierno del popular Vicent Ribera para finalizar unas obras que se encontraban paralizadas. El 14 de julio de 2014, el alcalde propuso completar los trabajos en la CV-660 mediante una subvención de 51.725 euros de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Sin embargo, el coste de la actuación terminó superando la cantidad prevista inicialmente y la corporación se vio en la tesitura de tener que justificar 60.519 euros ante la Generalitat. Aunque inicialmente la obra se adjudicó por 52.572 euros, con posterioridad el contratista aportó dos facturas de trabajos ejecutados por importe de 6.375 y 411 euros, respectivamente. Al final, la cuantía total de las obras superó el techo previsto para los contratos menores como este, por lo que el ayuntamiento tendría que haber sacado la licitación a concurso público o, al menos, promover un procedimiento negociado con publicidad, invitando a diversas empresas, tal como detalla la Sindicatura de Comptes.
Competencias educativas impropias
En Llanera de Ranes, un informe de intervención del 2 de enero de 2014 advirtió de que el ayuntamiento estaba prestando el servicio de escuela infantil de primer ciclo y soportando su coste económico —personal, material y mantenimiento— contraviniendo así lo dispuesto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reserva esta competencia a la Generalitat. El informe añade que la citada facultad puede ser delegada por la comunidad autonómica en la entidad local «siempre que se acompañe de la correspondiente financiación». En tanto no se cumpla esta circunstancia, como es el caso, todos los gastos derivados de la prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo serán improcedentes», zanja la Sindicatura. Entre las alegaciones incorporadas al informe del organismo remitidas por los ayuntamientos, no consta ninguna de Llanera ni de Fontanars.
