El terremoto que desencadenó el Tribunal Supremo cuando en 2014 declaró ilegal el cobro del IBI urbano en terrenos anclados a programas urbanísticos sin desarrollar se extiende con sus réplicas a los ayuntamientos. La Dirección General de Catastro ha comenzado a notificar de forma individual una catarata de rebajas descomunales de los valores a aquellos propietarios de Xàtiva que son titulares de parcelas en sectores urbanizables sin expectativas de edificarse desde la eclosión de la burbuja inmobiliaria. A través de un procedimiento abreviado, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha emprendido una revisión de oficio de la ponencia en las zonas donde decenas de damnificados se quejan desde hace años del pago de un recibo hinchado de la contribución.
La depreciación de los terrenos ha hecho, por ejemplo, que una finca que antes se valoraba en 450.000 euros ahora tribute por 60.000 euros. Solo en la capital de la Costera se estima que pueden existir cerca de 200 parcelas que, aunque a efectos tributarios se catalogan como urbanas, en realidad mantienen su naturaleza agraria por la parálisis urbanística. Muchos de los afectados ya habían dejado de pagar sus recibos, se habían declarado insumisos o incluso han sufrido embargos de Hacienda por no poder asumirlos.
Inicialmente, los efectos de la nueva ley dictada por el Gobierno a raíz de la sentencia del Supremo solo afectaban a los sectores sin una programación específica aprobada. En Xàtiva, solo el área del Carraixet cumplía esta condición y, en consecuencia, el ayuntamiento comunicó a Hacienda que a los propietarios se les aplicara el IBI rústico. Mientras tanto, el resto de sectores ligados a programas urbanísticos quedaron pendientes del proceso iniciado por la concejalía de Urbanismo para derogar todos los planes de la época del ladrillo y descatalogar los terrenos. Sin embargo, tras la revisión promovida por Catastro también se beneficiarían de la reducción de la carga tributaria los afectados de otros sectores como el Albaida o el Cànyoles, que están recibiendo notificaciones que se traducen en rebajas superiores al 75 % en los valores catastrales. Aunque de momento la catalogación del suelo se mantiene como urbana, el nuevo precio se aproxima más a su realidad rústica.
La ponencia se aplica a efectos de 1 de enero de 2015, por lo que el Ayuntamiento de Xàtiva prepara los trámites para devolver a los damnificados los importes que pagaron de más en el recibo de la contribución del pasado ejercicio. «Es lo justo. Los propietarios estaban pagando un IBI que era una barbaridad», señala la regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, que cifra en 100.000 euros el coste de retornar las cantidades ingresadas en 2015 para las arcas municipales. La cifra no contabiliza a todos los afectados: buena parte de ellos decidieron no pagar, hartos del impuesto hinchado.
Con la rebaja de los valores se cumple una demanda largamente perseguida por la Asociación de Propietarios del Cànyoles, que agrupa a medio centenar de damnificados. El colectivo pide la descatalogación de todos los terrenos de los PAI cancelados. En este sector, por un campo de naranjos se pagaba hasta ahora 25 euros/m2.
