El temor de los alcaldes a las consecuencias jurídicas de la modificación del contrato vigente con la empresa concesionaria y la falta de entendimiento han conducido al Consorcio de Residuos (COR) a aplazar la decisión sobre el emplazamiento de las instalaciones de tratamiento y eliminación proyectadas como alternativa a la planta de Llanera de Ranes, a la que se quiere dar carpetazo. La junta de gobierno del organismo que gestiona la basura de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora acordó el miércoles retirar del orden del día de la asamblea del 15 de marzo la propuesta de acuerdo que debía sentar las bases de una nueva hoja de ruta diseñada por el presidente del COR y alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, con el espaldarazo del secretario autonómico de Medio Ambiente y el presidente de la Diputación de Valencia.
El giro copernicano iba a plasmarse en la reunión del próximo martes, con la firma de un acuerdo sellado entre estos tres actores. La fotografía, sin embargo, tendrá que esperar. La información de Levante-EMV que el sábado desveló las negociaciones del nuevo esquema de gestión generó un hondo malestar entre los alcaldes de la Safor, sin distinción de signo político. Primero porque la mayoría se enteró por la prensa y, segundo, por las dudas que suscita en esta comarca la anulación de la planificación vigente con la empresa y su reconducción hacia un nuevo mapa de infraestructuras que apostaba por construir un vertedero en Zarra y dos microplantas de tratamiento de residuos en Ròtova y Bufali «más eficientes y sostenibles» que la macroinstalación prevista en la Costera, que la conselleria ve inadecuada por su ubicación y por sus dimensiones.
El martes, Cerdà calmó a los alcaldes de la Safor en una reunión a puerta cerrada en la que se comprometió a abrir un debate más tranquilo y sosegado que involucre a todos los ayuntamientos del área de gestión. De este modo, cualquier municipio que sea favorable a acoger las instalaciones proyectadas podrá proponer ubicaciones alternativas. Mientra tanto, el COR prepara visitas a la planta de Algímia d'Alfara para mostrar cuál es el camino a imitar.
A pesar del cambio de planes, la asamblea del día 15 mantiene la propuesta de solicitar a la dirección general de Calidad Ambiental la suspensión de la tramitación del proyecto de Llanera, que será votada por los alcaldes. Antes de resolver la petición, los servicios jurídicos de la Generalitat y los del COR sondearán diferentes escenarios y Medio Ambiente abrirá una ronda de contactos con la empresa concesionaria y los responsables del ente para decidir la forma de desactivar el conflicto instalado en el territorio a cuenta del destino de la basura.
Llamada a la calma
Con posterioridad, el Consell Jurídic Consultiu dictaminará sobre el encaje del cambio de modelo que se pretende materializar dentro del contrato vigente con Vytrusa. Aunque la intención del presidente del COR es modificarlo, en caso de que hubiera que rescindirlo el organismo tendría que asumir en el nuevo contrato el coste del lucro cesante demandado por la empresa. Cerdà trató de tranquilizar a los alcaldes restando gravedad a esta posibilidad, que sería la última opción una vez agotadas todas las vías judiciales. En cualquier caso, pidió no preocuparse por el importe, aseguró que el nuevo plan supondrá un ahorro del 10% y puso sobre la mesa los incumplimientos de Vytrusa en materia de inversiones e infraestructuras. El dirigente garantizó a los munícipes que cada paso se dará sobre una base jurídica y técnica sólida.
Fuentes próximas a la empresa concesionaria del COR, sin embargo, sostienen que el nuevo esquema planteado precisaría de una modificación de la Ley de Residuos y recuerdan el precedente de 2014, cuando los alcaldes trataron de paralizar la construcción de la planta de Llanera y los informes jurídicos de la Generalitat dictaminaron en contra de la propuesta por ser demasiado lesiva. Estas fuentes defienden la legalidad de la adjudicación a Vytrusa en 2009 y piden no anteponer los intereses políticos sobre el resto.
