8 de junio de 2007. Diez mil almas con entrada para bocadillo y baile abarrotan las gradas de la plaza de toros de Xàtiva para corear a los artífices del éxito que acaba de obtener el PP en las elecciones locales y autonómicas. Mariano Rajoy, estrella de un cartel en el que actúan como teloneros Francisco Camps, Rita Barberá y Alfonso Rus, declara su predilección por éste último en una frase que los telediarios de toda España rescataron de la hemeroteca tras la detención del exalcalde de Xàtiva por el caso Taula. «Yo te quiero Alfonso, coño, te quiero», proclama el hoy presidente del Gobierno. Los populares acababan de barrer en las urnas a los socialistas y el líder supremo del partido quiso agradecer los 1,28 millones de votos cosechados en la C. Valenciana con un acto multitudinario que movilizó decenas de autobuses llegados de todo el territorio. El mitin, costeado por Orange Market supuestamente con dinero de la caja B del partido, figura en un lugar destacado de la causa que ha sentado en el banquillo a la cúpula del Consell de Camps por la trama Gürtel.
Casi una década más tarde, el Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para reclamar a los populares el canon correspondiente por la utilización de un bien de dominio público que el PP usó «para fines propios» sin pagar ni un solo euro al consistorio. En octubre de 2013, un informe emitido por el departamento de gestión patrimonial a petición del PSPV constató la inexistencia de expediente alguno relacionado con la autorización del coso el 8 de junio de 2007. Esta circunstancia supone, a juicio de los reponsables del actual equipo de gobierno tripartito, un agravio comparativo y una vulneración del principio de igualdad de trato, puesto que a los organizadores de actos posteriores sí se les exigió el citado canon. Tomando como base este documento, del que en su día se hizo eco Levante-EMV, el regidor de Hacienda, Ignacio Reig, ha dictado una providencia que refuerza con argumentos legales el deber del ayuntamiento de liquidar al PPCV el precio del alquiler del inmueble.
Concretamente, el artículo 92 del reglamento de bienes de las entidades locales establece que «el usuario del arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales habrá de satisfacer un canon no inferior al 6% del valor en venta de los bienes». Esta obligación no prescribiría hasta pasados 15 años. Conforme a los precedentes de cesión del inmueble, los servicios municipales han cifrado en 3.630 euros la cantidad que la corporación ha de devengar a los populares. El cálculo corresponde al 2% del valor catastral del coso, estipulado en 10 millones de euros.
El acto excedió el aforo permitido
En la oposición, el PSPV exigió en un pleno explicaciones a Rus por el «simpa» del PP. El exalcalde y expresidente provincial del partido alegó que 2007 aún no había aprobada ninguna ordenanza reguladora por el uso de la plaza y, por lo tanto, no cabía exigir ninguna tasa. Para el ejecutivo, este argumento no justifica la exención. El edil de Hacienda ve «irregular» el alquiler del edificio sin ninguna contraprestación económica.
En aquel momento, la gestión de la plaza estaba en manos de Tauro Toro, SL, propiedad del empresario González de Caldas, condenado por soborno en el caso Malaya. El empresario, al que Rus prorrogó la concesión sin concurso, cedió el coso al PP de forma gratuita. Según los informes de la UDEF, la organización de la fiesta-mitin costó 100.000 euros que se habrían pagado con dinero negro. Las facturas no se registraron en al contabilidad oficial del PP. La plaza se había inaugurado poco antes del acto, después de recibir una inyección de 12 millones de euros, sobrecostes incluidos. Sin embargo, la instalación aún no reunía las medidas de seguridad para albergar el aforo de aquel día, puesto que las obras estaban incabadas.
