La polémica judicial que envuelve a la adjudicación del vertedero de Llanera de Ranes ha dado un giro inesperado. El constructor de Alzira que denunció el presunto amaño del concurso de basuras del Plan Zonal V5 ha elevado un escrito al juzgado de Xàtiva que instruye la causa por presunta prevaricación contra 9 investigados —entre técnicos, empresarios y expolíticos— para rectificar una parte sustancial de la declaración que prestó el pasado mes de diciembre. José Andrés Asunción, dueño de una de las empresas licitadoras, admite ahora la inexistencia del informe «externo e ilegal» que, según detalló inicialmente en su querella, los responsables del Consorcio de Residuos (COR) habrían encargado para justificar la concesión del millonario contrato a la UTE Vytrusa (FCC-Dimesa), en 2009.
Según la versión original de Asunción, este documento se habría confeccionado «ad hoc», con el objetivo de invalidar un primer informe que le era favorable, tras negarse el empresario a abonar una supuesta «mordida» a cambio de que le adjudicaran la obra. Tanto el expresidente del COR, Vicente Parra, como los técnicos que participaron en el concurso, desmontaron esta afirmación cuando declararon ante la jueza instructora en enero. La comisión técnica del COR únicamente dictaminó un informe, que fue aprobado por la junta de gobierno del ente por unanimidad. La baremación de las propuestas salió adelante, eso sí, con el voto discrepante de 2 de los 9 técnicos de la comisión —ambos designados por la Generalitat— disconformes con los criterios y puntuaciones que señalaron la oferta de Vytrusa como la más ventajosa.
En su último escrito, la representación de Asunción pide al juzgado nº1 de Xàtiva que amplíe las diligencias de investigación y tome declaración a un arquitecto de Alzira que ha elaborado un informe pericial para tratar de probar las supuestas irregularidades en el pliego de condiciones de la planta de Llanera. El técnico trabajó para el ayuntamiento de esta localidad a las órdenes de la exalcaldesa Elena Bastidas, con quien Asunción firmó en 2008 la entrega de una donación de 240.000 euros dirigida al consistorio de parte de su constructora, supuestamente a cambio de nada.
Impugnan el «nuevo alegato»
El último escrito del querellante ha sido impugnado por varios de los investigados en la causa, que alegan indefensión y lo consideran contrario a derecho y un intento a la desesperada de subsanar algunas de las «falsedades» que, según éstos, contiene la querella del constructor. Fuentes jurídicas ven fundamentos para que el proceso se archive.
El informe pericial —según la defensa «hecho a medida»— expone que la propuesta de Vytrusa incumplía la ley porque no garantizaba la disponibilidad de la suficiente cantidad de suelo para albergar el vertedero ni su idoneidad ambiental y solo aseguraba una parte de los terrenos necesarios, obtenidos mediante un contrato de alquiler sellado con una empresa vinculada a José Ramón Gallego, exdirectivo del grupo Llanera. La propiedad de esta superficie, sin embargo, recientemente comunicó al Consorcio la cancelación de la citada operación, que en su día levantó sospechas de un posible «pelotazo» debido al elevado canon que debía satisfacer Vytrusa a cambio.
Asunción adquirió una gran cantidad de terrenos en Llanera después de conocer que la Generalitat planeaba instalar allí un vertedero y, según el perito, los ofrecía al COR a un precio siete veces inferior al de sus competidores. Al concurso, el constructor concurrió asociado con Urbaser, que, sin embargo, ha renunciado a acompañarlo en la vía judicial.
