La nueva arremetida judicial emprendida por el constructor de Alzira que denunció el presunto amaño del concurso de basuras y de la adjudicación del vertedero de Llanera ha puesto en pie de guerra a los investigados en la causa. Según ha podido saber este diario, las defensas han planteado una batería de recursos para pedir a la instructora que invalide el último escrito elevado al juzgado por la letrada del empresario, por considerar que es contrario a derecho y que vulnera los derechos de los imputados.
Como avanzó ayer Levante-EMV, el documento pretende rectificar la querella cuyo contenido José Andrés Asunción expuso en sede judicial en diciembre. En su nueva versión, el promotor reconoce que el Consorcio de Residuos (COR) no encargó ningún informe «externo e ilegal» para justificar la concesión de la obra, como señaló inicialmente. Fuentes jurídicas sostienen que el escrito del denunciante reformula y altera sustancialmente el relato de los hechos e incumple diversos requisitos formales. Los investigados atribuyen la estrategia del constructor —conocido como «el cantero»—a un intento de dilatar el procedimiento y de convertirlo en una causa contra la corrupción, aprovechando el actual clima político. Los «imputados» por un presunto delito de prevaricación vinculan la denuncia a una «vendetta» personal del empresario, que concurrió al concurso de la basura con una oferta que no resultó elegida y luego no pudo dar salida a los 400.000 m2 de terrenos que había adquirido en Llanera, cuando supo que la Generalitat estudiaba un vertedero en la zona. Las defensas también han pedido a la jueza que no admita como prueba el informe encargado por el querellante a un perito, cuestionando su imparcialidad y alegando la indefensión de los investigados, entre los que se incluyen técnicos, empresarios y el expresidente del Consorcio.
