El Ayuntamiento de Xàtiva calcula un descenso de ingresos anual cercano a los 400.000 euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando se completen los procedimientos de devaluación del suelo urbanizable que está llevando a término la dirección general del Catastro en aquellos sectores que no tienen perspectivas de edificarse. La medida obedece a una reforma de la ley promovida por el Gobierno que impide cobrar la contribución urbana a los propietarios de terrenos sujetos a programas urbanísticos suspendidos tras la crisis.
Como avanzó Levante-EMV, decenas de propietarios han comenzado a recibir las notificaciones de Catastro anunciándoles la buena nueva: una drástica rebaja de los valores catastrales que alcanza el 95% en algunos casos. La revisión parcial materializada hasta el momento, que se aplica a efectos de 1 de enero de 2015, obligará al consistorio a devolver alrededor de 100.000 euros abonados por los afectados en concepto de IBI el pasado ejercicio. De momento, la corporación ha tenido que modificar el presupuesto de 2016 para anular unos ingresos inicialmente previstos de 107.300 euros por la devaluación del suelo comunicada en sectores como el Cànyoles o el Carraixet. Aunque de momento estos terrenos siguen teniendo la calificación de urbanos, los dueños pagarán un recibo más acorde a su realidad rústica.
Las analíticas, correctas
Fuentes municipales del área de Hacienda indican a este diario que, una vez la rebaja se aplique al conjunto de sectores de la ciudad cuyos planeamientos urbanísticos están en proceso de derogarse, la merma de ingresos podría elevarse hasta los 400.000 euros anuales, el equivalente a casi un 5% de la recaudación total del consistorio.
Este importe da una idea de hasta qué punto el ayuntamiento ha estado alimentándose durante años de de unos ingresos ficticios derivados de las desmedidas expectativas urbanísticas durante la época dorada del ladrillo. Quienes han pagado las consecuencias de la resaca inmobiliaria son aquellos propietarios cuyas parcelas de tipología agraria se recalificaron como urbanas —unas 200— y han estado tributando a precios desorbitados. La merma de ingresos disuade al equipo de gobierno de bajar impuestos y obliga a replantear las finanzas municipales.
