La empresa que promovió la urbanización de 300 adosados en los terrenos de la antigua Papelera San Jorge de Xàtiva adeuda al ayuntamiento 71.240 euros en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Accord Business, SL no paga la contribución a las arcas municipales desde 2011. El equipo de gobierno, que en el pleno de ayer dio carpetazo definitivo al programa urbanístico adjudicado por el ejecutivo de Alfonso Rus en plena burbuja inmobiliaria, va a solicitar a la diputación que reactive el expediente de embargo iniciado en 2013 „y dormido desde entonces„ para exigir el cobro de la citada cantidad a la firma por la vía ejecutiva.
Accord, una sociedad sin empleados ni actividad conocida, compró en 2005 los terrenos del complejo fabril del siglo XIX por 3,6 millones de euros y se benefició de una recalificación de 73.000 m2 de suelo industrial que disparó el valor de las fincas, con el beneplácito tanto del consistorio como de la Conselleria de Territorio, con Rafael Blasco al frente. Los planes de la promotora, que pasaban por demoler la Papelera para dar pie a una zona residencial a las afueras de Xàtiva „que incluía un museo del Papel y un colegio privado„ quedaron frustrados con la eclosión de la crisis financiera. Antes de eso, sin embargo, la empresa obtuvo una suculenta hipoteca de 7,1 millones sobre la superficie con la desaparecida Caixa Catalunya. En caso de haberse desarrollado el PAI, su valor sería de 15,2 millones.
Hoy, Accord continúa figurando en los registros como titular de una parcela de 54.000 m2 de las dos que conformaban la unidad de actuación urbanística. La otra finca fue asumida por la división inmobiliaria del Banco Sabadell, que sí está al día en el pago del IBI, según desveló ayer el concejal de Hacienda. «Hoy cerramos definitivamente uno de los proyectos urbanísticos más lamentables y absurdos de los anunciados en Xàtiva en los últimos 20 años», manifestó Ignacio Reig durante su intervención en el pleno, que enterró el proyecto de acuerdo a la nueva Ley Urbanística, con el voto unánime de todos los grupos, incluido el PP. Para el edil, la operación de la Papelera fue un «pelotazo urbanístico de manual» y un ejemplo de una forma de gestionar basada «en el urbanismo depredador».
La empresa, que compartía la condición de propietaria del suelo y agente urbanizador, estaba controlada por Vicente Benavent, exalcalde pedáneo de Torre d´En Lloris y compañero de lista de Rus en el CDS y el PP condenado por estafa en la cooperativa Coacxa. La recalificación de los terrenos generó una plusvalía de 704.000 euros que el ayuntamiento no llegó a cobrar por la paralización del plan. «Diez años después, ni PAI, ni adosados, ni museo del Papel; esto sí, del dinero recogido por la hipoteca de los terrenos, no hay ni rastro», censuró Reig. «La empresa compra los terrenos baratos, consigue que se recalifiquen, los hipoteca en una caja de ahorros, echa a correr, y el que venga detrás que pague», resumió. Para Cristina Suñer, regidora de Urbanismo, el PAI fue «un claro caso de especulación y connivencia» durante la era Rus.
