Esta cadena de festividades provoca a veces saltos en los calendarios que obliga a hablar de Falleras, cuando sus trajes ya están en la tintorería o de procesiones cuando ya no se oye ni un tambor. Pero en Xàtiva, durante esta pasada Semana Santa, se produjo un importante hecho diferenciador, protagonizado por el nuevo equipo de Gobierno o, siendo exactos, por una parte de él. Un hecho, que a algunos puede parecer irrelevante, pero que pone de manifiesto ese cambio ético y estético tan necesario como ansiado, que evidencia que estos gobernantes no son iguales que los anteriores, lo que es muy de agradecer.
El hecho es que dos de los tres socios de Gobierno —Esquerra Unida y Compromís—, no han participado en las procesiones de este año, en su calidad de representantes del consistorio. Como personas humanas es evidente que son absolutamente libres de procesionar dónde y cúando quieran, pero como cargos públicos electos forman parte de un ayuntamiento que, como el conjunto del Estado español, es, a dios gracias, una institución aconfesional, que debe respeto a toda la ciudadanía, tanto a la creyente como a la agnóstica, igual a la católica que a la evangélica o musulmana.
En determinados ámbitos, es seguro que no habrá caído especialmente bien tal decisión mientras que en otros habrán sonado trompetas triunfales. Y sin embargo, reflexionando la cuestión sin vísceras ni infantilismos, la decisión tomada es esencialmente respetuosa con los creyentes, porque otorga a las procesiones el valor religioso que tienen, o deberían tener, ya que antes que un "divertimento" son la expresión pública de una fe y unas creencias.
Sólo la consideración de espectáculo, primando su potencial turístico o cultural, justificaría la presencia de los representantes municipales que deben estar indiscutiblemente allí donde pueda haber beneficio o negocio que revierta en la ciudadanía, lo que no es el caso de las procesiones. Por eso, autoexcluirse de ellas, como representantes políticos de un ayuntamiento, es una forma de poner en valor precisamente ese compromiso espiritual de los fieles creyentes que participan en la procesión, mostrándoles el respeto que merecen. Y demuestra, también, una muy loable coherencia política que no busca el imposible de gustar a todos a costa de defraudar a muchos, participando de esa lógica "marxista" de los principios que no gustan y que pueden ser sustituidos por otros. Quienes reclaman ver al alcalde presidiendo la procesión, suelen hacer cansinos llamamientos a la tradición de toda la vida, sin tener en cuenta que la tradición, como dice Elisa Beni, no es más que una cosa que se repite desde hace tiempo, como la ablación en los países musulmanes, por lo que a veces, deberían ser erradicadas con toda celeridad.
Ignorancia. También hay quien, con malicia o por ignorancia, denuncia que reclamar la separación de la Iglesia y el Estado es un ataque contra las cofradías, contra su trabajo o su existencia. Lo tiene difícil porque debajo de los capirotes no sólo hay personas creyentes en un mismo Dios, sino también personas inteligentes. Que el Estado sea aconfesional significa que, sin prohibiciones ni imposiciones, no se da trato de favor a ninguna creencia frente a las demás, ni se ignora a las personas que no profesan ninguna. Su estricto cumplimiento significaría que las Fuerzas Armadas no participaran en las procesiones ni hubiera cofradías con privilegios para conceder indultos o procesiones encabezadas por jueces. Y empieza por evitar que cargos públicos municipales presidan procesiones católicos o ritos hindús. Todo para impedir esas fotografías que tan mal combinan con el respeto a la pluralidad y la ausencia de tratos de favor.
