Hace poco más de un año, el 26 de marzo de 2015, el departamento de Serveis Socials del Ayuntamiento de Ontinyent programaba una conferencia: Aspectes legals del context d'aplicació de la Llei de Dependència: Situació actual i projecció de futur, en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, a cargo de la que entonces fue presentada como Sandra Casas Molina, abogada y defensora de los derechos de las personas afectadas por los cambios en la Llei d'Autonomia y atención a los dependientes. Antes de finalizar el pasado año, la misma Sandra Casas recibía el encargo de la vicepresidenta Mónica Oltra de ocupar la secretaría autonómica de Servicios Sociales.
El pasado 28 de marzo, Levante- EMV publicaba una exhaustiva entrevista con Casas en la que se venía a sustanciar la diferencia entre ver los toros de la administración autonómica desde la barrera o, ahora, tenerlos que capear en la arena. En el transcurso de sus palabras se revela la impotencia por no poder alcanzar sus objetivos, motivada por la arrasada herencia recibida por los nefastos y sucesivos gobiernos del PP, cuyo colectivo de dependientes fue especialmente esquilmado. Baste citar un ejemplo de tantos, para el caso el de un dependiente ontinyentí que de la noche a la mañana pasó a recibir de 320 euros mensuales para atender parte del pago a la Seguridad Social y a las labores específicas del trabajador, a 20 euros, a cargo de la Conselleria de Benestar Social. En el hachazo, más que un recorte, no medió comunicación alguna al diezmado por parte de la conselleria. Obviamente, este dependiente, ante la imposibilidad de pagar los gastos del trabajador que lo atendía, procedente de una de las empresas con la que el gobierno valenciano obligaba a suscribir un contrato de servicios al dependiente, optó, sumido en el desconcierto y la desinformación, por atender la sugerencia de la empresa prestataria de su servicio, por renunciar a los 20 euros y resolver sus necesidades con el menor costo posible.
Desestimación de recurso. Fue un craso error, como la propia Casas le hizo ver a este dependiente, con ocasión de su conferencia del año pasado en Ontinyent, digo lo de la renuncia. Este, siguiendo el modelo de recurso que con éxito probado Casas, en su anterior faceta de abogada, les había facilitado a otros dependientes valencianos, lo rellenó e interpuso hace un año. Paradójicamente, el pasado mes de febrero, este ontinyentí recibía de la Conselleria de Benestar Social la desestimación al recurso, firmado por la propia S. Casas.
De lo que se desprende que la tarea que tiene por delante la secretaria autonómica de Servicios Sociales va a ser larga y ardua. Por de pronto deberá activar propuestas para el cambio de leyes que, como el caso aludido, impidan resoluciones amparadas por unas leyes dudosas, y que convierte en injustos esa suerte de pronunciamientos. Aportando salidas eficaces a situaciones como la reseñada, cuyo afectado anda sumido actualmente en una tierra de nadie. La que contempla anonadado, toda vez que desde el voluntarioso departamento municipal ontinyentí de servicios sociales no encuentren interlocutor válido, entre el menguado de personal del apartado de la dependencia de la conselleria. Otra asignatura pendiente de la de Casas, disponer de más personal.
Asuntos pendientes de resolver. La pila de asuntos a resolver que acechan a S. Casas es de órdago. Porque si ella reclama transparencia y compresión, también es cierto que está obligada a no bajar la guardia, como resolutiva luchadora por los derechos de los dependientes, y deberá brillar en el paso del dicho al hecho. Miles de valencianos dependen de ella.
