El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Valencia ha anulado la sanción de 10.000 euros que la Conselleria de Medio Ambiente impuso a la Mancomunitat de la Vall d'Albaida en abril de 2014 por desobedecer la orden de depositar las 30.000 toneladas de basura que generan los 34 municipios de la comarca en la planta de transferencias de Ròtova. La entidad comarcal mantuvo durante dos años un pulso con el Consorcio de Residuos V5 (COR), el organismo creado por la Generalitat para gestionar la basura de esta y otras cuatro comarcas. Durante ese periodo de tiempo, la Vall d'Albaida ignoró los requerimientos y efectuó la transferencia de los residuos en las instalaciones de su empresa concesionaria, Recisa, en Bufali, al margen de las directrices del Plan Zonal.
El exdirector general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, imputó a la Mancomunitat una multa calificada como «grave» por la infracción de dos artículos de la Ley de Residuos tras acusar al ente de operar, en unas instalaciones sin los permisos pertinentes y de vulnerar la normativa que obligaba a los municipios a delegar las competencias en materia de transferencia y eliminación de la basura en el COR. La Mancomunitat desafió esta postura y siempre ha reivindicado la pervivencia de un Plan de Minimización comarcal que permitía la gestión autónoma.
La multa marcó un punto de inflexión en la batalla entre las dos administraciones, gobernadas entonces por el PP. Pocos meses después, en agosto, la Vall d'Albaida terminó cediendo la gestión de sus residuos entre amenazas de más castigos e incluso de responsabilidades penales a sus dirigentes. En enero de 2015, el Tribunal Supremo avaló esta decisión al sentenciar que el Consorcio debía asumir la basura de esta comarca.
Ahora, más de un año después, la magistrada sustituta del juzgado nº4, Mª del Remedio Madrid, considera «contraria a derecho» y anula la multa que impuso la conselleria porque «no motiva con claridad los hechos imputados». Medio Ambiente abrió oficialmente el expediente sancionador a raíz de un informe elaborado por funcionarios del Grupo de Medio Ambiente de la Policía Nacional que, tras una inspección, constataron que en las naves de Recisa se procedía a la transferencia de la basura de los municipios de la Vall d'Albaida, antes de ser transportada en camiones hasta el vertedero. El informe únicamente iba acompañado de dos documentos: la solicitud de licencia ambiental por parte de la firma —que según alegó la Generalitat nunca llegó a ser concedida— y la resolución del ayuntamiento autorizando el inicio de la actividad.
La sentencia concluye que, con estas pruebas, «no puede establecerse que la recurrente —la Mancomunitat—hubiera ejercido la actividad sin la preceptiva autorización o con ella suspendida o caducada o haya actuado de forma contraria a lo establecido en la ley». De ahí que el ente «no habría cometido infracción administrativa alguna», apostilla la jueza.
Una sanción pagada con intereses
El fallo judicial, del 23 de marzo, se hace público cuando la Mancomunitat ya ha hecho efectiva a la Generalitat la sanción, que finalmente se elevó a 10.519 euros, al sumarse intereses por no abonarla en el plazo. La entidad solicitó el aplazamiento y fraccionamiento del pago alegando sus estrecheces económicas. La petición fue atendida en septiembre de 2015 por la administración autonómica.
Se trata de una de las patatas calientes heredadas por el actual gobierno presidido por Vicent Gomar (PSPV), que piensa reclamar a la Generalitat la devolución del importe de la multa. El dirigente se muestra satisfecho con la sentencia, que da la razón al ente supramunicipal sin entrar en el fondo del litigio con el COR. «Poco a poco se va demostrando la nueva gestión de la Mancomunitat», asegura Gomar. La conselleria de Medio Ambiente no aclaró ayer a preguntas de este diario si va a apelar la resolución, que es recurrible.
