En un tiempo que se nos antoja muy lejano hubo una ley conocida popularmente como La Gandula. Se trataba de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada por la República en 1933 y vigente también bajo el franquismo. Con un añadido de 1954 para incluir en ella —junto a "ebrios, mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas"— a los homosexuales. Transcurridos 16 años, sería sustituida por una ley similar llamada de "peligrosidad social". Seguramente, una consecuencia menor de ésta, que llegamos a conocer, era la obligatoriedad de presentar un "certificado de penales" para realizar cualquier trámite o solicitud ante la Administración. Fallecido el dictador, tal requisito pervivió unos años para el momento de solicitar, por ejemplo, una prórroga al servicio militar o una beca de estudios. Cuando finalmente fue eliminado nos sentimos un poco más ciudadanos libres de sospecha.
En 2007, ante casos reiterados de amenazas y agresiones a funcionarios públicos, se planteaba que profesores y médicos fuesen dotados de un documento que los reconociera y acreditase como autoridad. Pero, con el estallido de la burbuja financiera y el advenimiento de lo que llamaron "la crisis", no sólo la intención cayó en el olvido: se dio inicio a una agresiva campaña de desprestigio del funcionariado (y del sindicalismo, la política y la inteligencia). Así, Esperanza Aguirre, mientras ejercía altas responsabilidades públicas, predicaba a los cuatro vientos que los profesores de enseñanzas medias trabajan "sólo" 20 horas a la semana o, lo que es lo mismo, sólo las horas lectivas. (¿Alguien en su juicio pensaría que la presentadora del telediario trabaja sólo una hora al día?) Y el prócer Díaz Ferrán apuntaló: «Hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis».
Recientemente, aprovechando la alarma creada por noticias referidas a abusos sexuales sobre menores, pasados y presentes, se ha establecido la obligatoriedad para quienes trabajen con menores y jóvenes de firmar un documento que asegure no han sido incluidos en el Registro de Delincuentes Sexuales. ¿Y por qué no, de igual modo, que no consumen bebidas energéticas de forma compulsiva? ¿No es un modo de generalizar la sospecha, como denunciaron algunos médicos? Los descubiertos en dichas prácticas y los condenados por ellas, ¿no son, de hecho, apartados de la práctica profesional? Y, a futuro, ¿la misma medida podría ser extendida a cuantos tengan hijos menores? Porque, sí, ha habido también algún progenitor que abusó de su progenie. Como ante anuncios del tipo "está usted siendo grabado", a los que tan habituados estamos ya, no es suficiente la irreflexiva y bobalicona respuesta «bah, no me importa, no hago nada malo». No se trata de que haya algo que ocultar, sino de defender libertades conquistadas con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo.
Mientras ha habido leyes que, claramente, han ampliado ciertas libertades, y su mantenimiento será frágil y obligará a estar siempre atentos, los recortes de derechos y libertades penetran por los intersticios. Bastaría recordar la "Ley Corcuera" o "de la patada en la puerta" y la reciente Ley de Seguridad Ciudadana denominada "ley mordaza". Es el espíritu de aquella gandula que no cesa, en monodosis, incluso adaptado a los tiempos mediante empastes altruistas o filantrópicos.
Sin castigo. Bajo el título iluminador "Subvencionamos pederastas" escribía Xavier Vidal-Folch: «los abusos (sexuales) se envuelven en mantos de silencio, comprensiones cómplices y exceso de garantías para el abusador y, cuando el delito sale a la luz, hace años ya que no se puede castigar». Antes que más leyes y absurdas auto-certificaciones de benevolencia, por tanto, se requiere la no prescripción de determinados delitos.
