El juzgado de lo contencioso-administrativo nº6 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Xàtiva a pagar 700.000 euros a Acciona por una serie de sobrecostes en la Ciutat de l'Esport que no fueron autorizados por el ayuntamiento, encargados por la dirección facultativa de las obras al margen del proyecto. El fallo, de fecha 8 de marzo, también determina el pago de 24.125 euros por las reparaciones de desperfectos efectuadas durante el plazo de garantía y, además, ordena un nuevo cálculo de la revisión de precios que se fijará en ejecución de sentencia y que podría elevar a 1 millón de euros el importe total a satisfacer por el consistorio, contando los intereses de demora computados desde 2012. Acciona impugnó en los tribunales el acuerdo de la junta de gobierno de Alfonso Rus que, 4 días antes de las elecciones de 2015, dio luz verde a la liquidación definitiva de las obras y a una revisión de precios que reconocía a la contratista el derecho de percibir 233.844 euros, una cantidad muy alejada de sus pretensiones.
En 2006, el ayuntamiento adjudicó a Acciona la construcción de la Ciutat de l'Esport por 7,73 millones de euros. En 2010, el consistorio autorizó un modificado por un importe de 1,65 millones de euros adicionales. En 2011, el mismo año de la inauguración del edificio, la dirección facultativa de las obras „externalizada a la mercantil Idom Ingenería, SA„ encargó a la constructora una serie de obras no contempladas ni en el presupuesto original ni en su modificado, relativas a tareas de asfaltado, pavimentación o señalización. La mercantil también reclama 375.667 euros por este proyecto complementario y otros 63.000 euros correspondientes a la adecuación de una zona de equipamiento para juegos. El juez José Ignacio Chirivella, sin embargo, pone en tela de juicio la «buena fe» de Acciona y rechaza estas dos últimas demandas, subrayando que la firma ejecutó obras que no fueron aprobadas por el ayuntamiento sin haber tramitado expediente alguno ni haber tenido en cuenta precios contradictorios.
En cambio, el magistrado sí reconoce a la empresa el cobro de 670.021 euros por una serie de obras sin autorización municipal, al margen del presupuesto, que aparecen recogidas en la certificación final del contrato después de que las mediciones practicadas por la dirección facultativa afloraran nuevos sobrecostes una vez completados los trabajos. Los técnicos municipales achacaron estas intervenciones fuera del proyecto a «meras imprevisiones». La dirección facultativa emitió dos informes en 2012 y 2013 que derivaron las responsabilidades al ayuntamiento y atribuyeron los excesos de obra a «nuevas necesidades municipales cuya ejecución era absolutamente necesaria».
Sobrecostes irregulares
En esta tesitura, Alfonso Rus encargó una nueva medición de las obras a la empresa Ingeniería Setabense, SL que sirvió de base al exalcalde para negarse a pagar los sobrecostes irregulares a Acciona y para acusar a la mercantil de hinchar las certificaciones y de reclamar el pago de trabajos no realizados. El juez, sin embargo, considera probada la ejecución de las obras exigidas por la contratista y resta credibilidad al informe defendido por el consistorio, cuyas «omisiones e inexactitudes» fueron puestas de manifiesto tanto por los peritos de la constructora como por el director de la obra.
La sentencia acusa a la corporación de Rus de «mala praxis» y de una «actuación poco diligente» por «haber delegado en la dirección facultativa la obligación de dar cuenta de los modificados de obra y de certificar la obra realmente realizada». Los sobrecostes de la Ciutat de l'Esport están al margen de la ley al exceder el 10% del presupuesto de construcción.
