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El alcalde de Enguera aparta de la junta de gobierno al líder del PP tras ser procesado

Martínez justifica la decisión por la situación del portavoz, a la espera de juicio oral por dos causas urbanísticas Simón ve la medida desproporcionada

El alcalde de Enguera aparta de la junta de gobierno al líder del PP tras ser procesado perales iborra

El alcalde de Enguera, Óscar Martínez, ha apartado de su cargo como miembro de la junta de gobierno local al portavoz del PP a raíz del procesamiento de José Simón en dos causas abiertas en los juzgados de Xàtiva que, además, involucran a otros ocho exconcejales populares y al exalcalde, Santiago Arévalo, por diversos delitos urbanísticos. Los litigios tienen su origen en sendas querellas interpuestas por el PSOE por vía penal durante los años de mandato del PP en la localidad y se vinculan a la concesión de licencias por parte del anterior equipo de gobierno —en el que Simón ejercía como concejal de Urbanismo y teniente de alcalde— que permitieron edificar seis adosados y una nave municipal en suelo no urbanizable.

Martínez sostiene que la situación de Simón, pendiente de que se fije la fecha en la que se celebrará el juicio oral en ambos casos, no es compatible con su participación en la junta de gobierno. «El procesamiento tiene consecuencias políticas. Le di la oportunidad de que dimitiera, pero me ha obligado a tomar una decisión que tendría que haber tomado él», asegura el alcalde, que nombrará a otro concejal del grupo socialista para acompañar a los cuatro representantes restantes del PSOE en el órgano de gobierno, después de que el PP haya declinado la propuesta de Martínez de elegir a un sustituto para Simón, en señal de disconformidad con una decisión que el portavoz popular tilda de «precipitada y sectaria», además de «una burla» que busca, según éste, faltar a su «honorabilidad».

Para los socialistas, en cambio, Simón «debería dejar la política activa y preocuparse por su defensa» por encontrarse a un paso del banquillo, acusado de tres delitos. En su último boletín, lo acusan de «faltar a la legalidad». En los autos del juzgado de instrucción nº 2 de Xàtiva difundidos por el PSOE se señala que por cada delito la pena de prisión no será superior a 9 años.

Decisiones «administrativas»

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