26 de mayo de 2016
26.05.2016

Una sentencia exime al COR de pagar a Vytrusa 8 millones por el envío de la basura a Alicante

La jueza desestima la indemnización exigida por la concesionaria, a la que atribuye el incumplimiento de no aportar un vertedero para depositar los residuos

26.05.2016 | 09:18
Una sentencia exime al COR de pagar a Vytrusa 8 millones por el envío de la basura a Alicante

El juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de Valencia ha librado al Consorcio de Residuos (COR) de indemnizar a la empresa concesionaria Vytrusa por el incremento de los gastos de transporte y la pérdida de beneficio industrial sufrida como consecuencia de la decisión de enviar al vertedero de Fontcalent (Alicante) las 123.000 toneladas de deshechos generados en las comarcas de La Costera, La Safor, La Canal y el Valle de Ayora.

La sentencia considera probado que la UTE, que reclamaba cerca de 8 millones de euros, incumplió el contrato firmado al no aportar una solución satisfactoria para depositar la basura de estas comarcas durante el periodo transitorio, que dio comienzo cuando el COR asumió las competencias en materia de tratamiento y eliminación de residuos, en julio de 2012 . A partir de esa fecha, la contratista se había comprometido a distribuir los residuos entre los vertederos de Villena y Xixona. Sin embargo, no consiguió reunir los permisos oportunos y los responsables del Consorcio se vieron abocados a negociar una salida de urgencia para encontrar un destino viable. En 48 horas, el organismo alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante, que abrió las puertas de Fontcalent.

La resolución comportó una modificación del contrato adjudicado a Vytrusa (FCC-Dimesa). Aunque la distancia que debía recorrer la empresa hasta la nueva ubicación para depositar la basura se incrementó respecto a los cálculos iniciales, el COR decidió mantener intacto el precio abonado por la transferencia y el transporte, mientras que el canon por el tratamiento y la eliminación se redujo debido a las condiciones de aquel acuerdo. Después de ver frustradas sus reclamaciones por la vía administrativa, la concesionaria terminó llevando al juzgado los cambios en el contrato y la modificación a la baja de los importes percibidos para defender su derecho a ser compensada por las pérdidas generadas a raíz del incremento en los costes de transporte y la merma del beneficio industrial desde 2012.

Los técnicos del Consorcio calculan que, pasados 4 años, la indemnización exigida por la empresa habría ascendido a 7, 8 millones de euros. La magistrada Laura Alabau, sin embargo, concluye que Vytrusa se desentendió del problema que suponía no tener disponibles a tiempo las instalaciones provisionales previstas en el contrato y sostiene que el COR se vio obligado a asumir la responsabilidad «por interés público». La sentencia „a la que ha tenido acceso este diario„ incluye el testimonio de un técnico que, durante la vista judicial, recriminó a Vytrusa el hecho de haber pretendido «hacer recaer en el Consorcio su propio incumplimiento». El fallo atribuye la modificación del contrato al «incumplimiento culpable del contratista (Vytrusa)» y ve «legítima» la solución adoptada por el Consorcio al decidir una nueva ubicación para conducir la basura.

La resolución judicial hace hincapié en que Vytrusa tuvo «la opción de desistir del contrato, instando a su resolución», ante la imposibilidad de cumplir aquello a lo que se había comprometido. Sin embargo, se decantó por mantener el vínculo contractual, lo que implicó de facto «aceptar los términos de la modificación».

Respeto al proceso de licitación

La jueza determina que si «la modificación contractual se adoptara atendiendo al interés económico» de Vytrusa a pesar de su incumplimiento «se estaría faltando a los principios que rigen la libre concurrencia e igualdad de trato en la licitación, al burlar la posición del resto de licitadores». Y es que uno de los aspectos valorados en la oferta de la adjudicataria fue la ubicación de los vertederos provisionales propuestos. «Solo faltaba que el incumplimiento le redundara en un incremento económico», apostilla la magistrada. Aunque la indemnización no es aceptada, Vytrusa sí ve estimada su petición de que se aplique el IPC en la revisión de precios del contrato. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

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