El gobierno municipal de l'Alcúdia de Crespins ha atribuido la elevada demora en el pago de facturas reflejada en el último informe del Ministerio de Hacienda „que ayer publicó Levante-EMV„ a la deuda heredada de la anterior corporación con la Diputación de Valencia. El regidor de Hacienda, José Garrigós, expone que el ejecutivo se encontró con un pasivo de 1,8 millones de euros que condujo a la institución provincial a negarse a liquidar las certificaciones de una obra por importe de 100.000 euros ejecutada a pocos días de las últimas elecciones municipales, alegando que el municipio no estaba al corriente en los pagos. La cantidad tuvo que ser asumida directamente por el ayuntamiento y produjo un importante desfase en el periodo medio de pago a proveedores, que se disparó de los 40 días en los que se sitúa de manera habitual hasta los más de 100 reflejados en el informe de Hacienda, correspondiente al cierre del primer trimestre de 2016.
Garrigós asegura que la situación con la diputación se ha normalizado después de que ambas administraciones hayan firmado un convenio a 20 años vista para saldar los 1,8 millones de deuda heredada. Este acuerdo obliga al consistorio a pagar todos los meses 7.000 euros para saldar compromisos. La contrapartida es que la diputación ha levantado el veto y l'Alcúdia de Crespins puede pagar todas las certificaciones en tiempo y forma. Así, el plazo de pago ha vuelto a rondar los 30 días.
