La empresa concesionaria del hotel Murta ha pedido al Ayuntamiento de Xàtiva que modifique el contrato vigente para ampliar de 10 a 30 años el plazo de explotación del inmueble de titularidad municipal. La firma esgrime la necesidad de ver compensada la inversión desplegada en su seno y de garantizar la viabilidad de la concesión. Después de pedir asesoramiento legal a los técnicos de la Generalitat, el consistorio ha dejado la decisión en manos del Consell Jurídic i Consultiu de la Comunitat Valenciana, que ha de emitir un dictamen preceptivo sobre el encaje legal de la medida.
En un primer momento, la empresa que se adjudicó la gestión del hotel en septiembre de 2013, Viajes Levante Tour, SAU, puso encima de la mesa le necesidad de abordar una prórroga del servicio a 20 años vista que llevara aparejada la supresión del canon anual abonado al ayuntamiento, de 23.900 euros. La mercantil alega la urgencia de reestablecer el equilibrio económico de la concesión, como consecuencia del incremento de las inversiones desarrolladas para la puesta en marcha de la actividad, que superaron las previsiones iniciales.
De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el concesionario estaba obligado a ejecutar obras de adecuación en el hotel por un importe de 200.000 euros (sin IVA). Sin embargo, la memoria justificativa sobre la cual la empresa fundamenta la petición de ampliar el contrato cifra en 636.908 euros la inversión desplegada en el inmueble. De este importe, 398.965,62 euros «se entienden como inversión en mejoras», según detalla un informe elaborado por los técnicos municipales el 18 de noviembre de 2015.
Dos meses más tarde, en enero de 2016, el adjudicatario presentó una nueva propuesta en la que abogaba por prolongar el periodo de la concesión —que caducaría en 2023— a 30 años, sin hacer ninguna referencia en este caso a la supresión del canon concesional inicialmente solicitada.
El 24 de febrero, el ayuntamiento consultó al servicio de asesoramiento municipal de la Generalitat la forma de proceder, ante las dudas que genera la demanda de la mercantil. El 21 de marzo, la corporación recibió la respuesta. «La modificación contractual para mantener el equilibrio económico de la concesión es una facultad reservada a la administración que ejercerá en el marco de los supuestos tasados legalmente y deberá recibir en cuanto a su interpretación un tratamiento marcadamente restrictivo», señala el informe, que termina advirtiendo de que, en cualquier caso, el Consell Jurídic ha de dirimir sobre la disyuntiva con un dictamen preceptivo. El 16 de mayo, el gobierno municipal acordó remitir el expediente al organismo.
«Difícil encaje legal»
Aunque el ejecutivo no cierra la puerta a la solicitud del concesionario, fuentes municipales ven «difícil» su «encaje legal» y consideran que la liquidación del contrato y su posterior licitación podría ser la alternativa más lógica a la necesidad planteada por la empresa de equilibrar la concesión. La firma gestora quiere ampliar la fecha de caducidad de la explotación a 30 años para poder concertar una póliza y sufragar las inversiones. Pero las condiciones del contrato dificultan la operación.
