El reglamento diseñado por el gobierno tripartito de Xàtiva a comienzos de mayo para ofrecer un encaje jurídico a la consulta popular sobre los festejos taurinos y la Reina de la Fira plantea la posibilidad de que cualquier vecino de la ciudad promueva convocatorias similares en lo sucesivo sobre asuntos municipales «de especial trascendencia» cuando la causa reúna el apoyo de al menos un 3% de los residentes empadronados mayores de 16 años.
La normativa articula las bases de un modelo que persigue «incorporar de forma efectiva la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión municipal». En ese sentido, el documento subraya que «podrán solicitar la celebración de una encuesta un conjunto de ciudadanos mayores de 16 años que representen el 3 % del padrón municipal». Sobre un censo de 25.000 setabenses que superan ese límite de edad, se requieren unas 800 adhesiones para sacar adelante una iniciativa de este tipo. Cuando se den los requisitos, el ayuntamiento deberá «facilitar» la participación en las votaciones a través de canales telemáticos o presenciales. En ningún caso, recalca el reglamento, podrán utilizarse ambas fórmulas, «a fin de no producir duplicidades en la participación».
El procedimiento también se puede activar de oficio a instancias de un acuerdo plenario, o bien por disposición de la alcaldía o a propuesta del regidor de Transparencia o de cualquier teniente de alcalde del equipo de gobierno. Toda «encuesta» deberá seguir cuatro fases diferenciadas. Una primera etapa de información sobre el asunto que se pretende someter a participación; otra de debate y diagnóstico ciudadano en torno al tema en cuestión; una tercera en la que el órgano de gobierno competente adopta una decisión sobre los resultados de la votación y una cuarta en la que se hacen públicas las razones que han conducido al citado acuerdo.
El reglamento —que se aprobó en la junta de gobierno del 2 de mayo con el voto en contra del PP—establece un marco jurídico que pretende blindar la encuesta de la Fira celebrada la última semana de mayo, así como las propuestas semejantes que puedan llegar en un futuro. Pese a su carácter «no vinculante», el documento defiende la encuesta como una herramienta «más eficaz a la hora de conocer el estado de la opinión pública ante determinadas situaciones o problemas» que la consulta vinculante, «sujeta a más condicionantes». Además, constituye «una técnica de información para aquellas actuaciones de la administración que trascienden la esfera de intereses y derechos individuales porque concierne a determinados colectivos». El reglamento añade que estos procesos también son útiles «para conocer las inquietudes vecinales» y ponen en manos de los concejales «elementos de juicio en cuanto a las actuaciones a llevar a cabo, tanto desde la responsabilidad de gobierno como de control».
Sin consulta para decidir el PPOS
El tripartito de Xàtiva quiere emplear ahora los mismos mecanismos de participación para decidir una parte de las inversiones que se incluirán en el presupuesto de 2017. De momento, el consistorio ha descartado someter a consulta vecinal el destino de la ayuda del Plan de Obras de la diputación, como han hecho otras poblaciones como Genovés y Anna.
