No basta con revertir la actuación: han de depurarse responsabilidades. Bajo esta premisa, el Círculo por la Defensa del Patrimonio ha pedido una actuación firme de los organismos públicos y la intervención de la Fiscalía ante los indicios que cuestionan la desafectación de la parcela de dominio público de la Costa del Castell de Xàtiva iniciada en 2015 en beneficio empresa Inelcom, propietaria del hotel Montsant.
Como ayer avanzó Levante-EMV, la concejalía de Urbanismo de Xàtiva ha remitido a la Dirección General de Patrimonio un informe jurídico que pone en tela de juicio la enajenación. El gobierno municipal trata de anular los acuerdos previos avalados tanto por la Conselleria de Cultura —propietaria del bien— como por el ayuntamiento —responsable del cuidado del castillo a través de una encomienda de gestión— para que el terreno pueda retornar a su anterior calificación pública. La superficie en cuestión, de 2.285 m2, linda con el complejo hotelero y se integra dentro de un conjunto histórico-artístico protegido que rodea el castillo y que, según el documento, es indivisible.
El Círculo por la Defensa del Patrimonio considera que la desafectación del bien podría constituir un delito y pide «que se depuren responsabilidades» y se actúe contra aquellos «que iniciaron un expediente a todas luces ilegal». El presidente del colectivo, César Guardeño, recuerda que la parcela está inscrita en un Bien de Interés cultural (BIC) y «es inalienable» e indivisible del conjunto protegido del castillo, del que, según el experto, no podría desafectarse «ni un metro cuadrado». Con estos razonamientos, la plataforma presentó hace cuatro meses los trámites para iniciar una denuncia a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia. El escrito debía ser transmitido a la Fiscalía pero, a día de hoy, no ha llegado a su destino. Por eso, el Círculo ha acudido al Síndic de Greuges para que se pronuncie sobre la «sospechosa» tardanza del consistorio en trasladarlo y para averiguar cuál ha sido el problema.
Guardeño lamenta que la demora de las administraciones en frenar el cuestionado procedimiento de desafectación bloquea y dificulta la búsqueda de responsabilidades, que, según éste, deben extenderse a la empresa beneficiara y a los gestores de la administración que dieron «el visto bueno» a los distintos trámites.
«Es reversible al 100 %»
En marzo de 2015, un documento firmado por la exconsellera de Cultura M.ª José Català y el exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, dio paso a la desafectación de la parcela pública a favor de Inelcom, una de las empresas salpicadas por el caso Imelsa. La firma alegó razones de seguridad y una controversia con los lindes para solicitar el traspaso de la superficie.
Pero el procedimiento no se detiene ahí. El Círculo también pone el foco en la resolución que se publicó en enero de este año por cauces oficiales y que certificó la reducción de la superficie protegida del entorno del castillo, tras descontar las dimensiones de la finca enajenada. Ese acuerdo, firmado por el actual alcalde, Roger Cerdà, y el conseller de Cultura, Vicent Marzà, también generó polémica y, según la plataforma, debió haberse paralizado. Cerdà asentó la decisión en las recomendaciones de los técnicos ante la «inseguridad jurídica» que podía crearse y acusó al equipo de gobierno del PP de dejar un acuerdo atado que se comprometió a tratar de revertir para que la parcela volviera a manos públicas. El consistorio quiere lograr que la conselleria anule el expediente, que quedó incompleto a falta de formalizarse la venta del terreno. Para César Guadaña, la desafectación «es reversible al 100 %». Lo mismo opina Iniciativa pel Centre Històric de Xàtiva, que ayer volvió a censura la reducción del conjunto protegido.
