La Ciutat de l'Esport continúa siendo un nido de problemas para el Ayuntamiento de Xàtiva 5 años y 4 meses después de su inauguración. Al pulso judicial que mantiene la constructora de las obras con la administración local por los millonarios sobrecostes, se suman las resoluciones del Jurado Provincial de la Expropiación que han comenzado a llegar desfavorables para el consistorio. Los propietarios que impugnaron el justiprecio están viendo reconocidos incrementos respecto a las cuantías definidas en la tasación municipal.
Esta circunstancia imprevista ha obligado al equipo de gobierno a situarse en el peor de los escenarios. La regidora de Urbanismo, Cristina, Suñer, calcula que el pago de las cinco expropiaciones pendientes puede representar un coste adicional de hasta 1 millón de euros para las arcas municipales, contando los intereses generados. La cifra supera con creces los 600.000 euros incluidos en la auditoría que el tripartito difundió en enero en concepto de indemnizaciones pendientes de satisfacer por los terrenos. La corporación está estudiando unificar todas las cantidades y solicitar un préstamo para poder pagar a los afectados. «No tenemos el dinero. Es o eso o comprometer la inversión de los próximos años», sostiene Suñer, que recalca que la cantidad adeudada por las expropiaciones «supera el presupuesto de inversiones de este año». La edil de Urbanismo persigue alcanzar un acuerdo que englobe todos los vecinos para satisfacer un compromiso que considera urgente.
El importe pendiente se suma a las cantidades ya saldadas con el resto de propietarios, que aceptaron la valoración municipal y no la recurrieron. En total, Suñer cifra en más de 2 millones de euros el coste del suelo ocupado para la Ciutat de l'Esport, una cifra que ve desmesurada. «A los vecinos se les vendió la moto y ahora el pufo hay que pagarlo. Cuando tengamos que hacer una obra, expropiaremos antes de empezar; no prometeremos aprovechamientos que no se hacen realidad», zanja.
Polémico «canje» de terrenos
La corporación de Alfonso Rus firmó en 2008 la ocupación de los 50.000 m2 de terrenos privados inscritos en el área de reserva dotacional deportiva de les Pereres a cambio de ofrecer a los afectados derechos urbanísticos en otros sectores cuyo desarrollo quedó truncado con la crisis. En 2011, cuando Francisco Camps inauguró las instalaciones, ningún propietario del suelo había cobrado ni un euro. Dos años más tarde, la movilización de un grupo de afectados forzó al equipo de gobierno a mover ficha y a ofrecer acuerdos individualizados a los vecinos.
Aunque los técnicos municipales tasaron en 14 ? el metro cuadrado el justiprecio de la expropiación, el consistorio ofreció a los dueños la posibilidad de acogerse a un fraccionamiento de tres años en el cobro a cambio de percibir más cantidad „30 ?/m2„ y del compromiso de no ir al juzgado.
Las resoluciones dictadas hasta ahora por el jurado de la expropiación son contradictorias y elevan el valor de los terrenos a más de 30 euros e incluso a 40. Los acuerdos con los propietarios se ven dificultados por las discrepancias jurídicas en torno a cuestiones como cuánto duró la ocupación temporal de los terrenos o los problemas que han generado las mediciones, que no concuerdan con el Plan General de Ordenación. El motivo: un error en el trazado sobre el instrumento que en la práctica hace que los afectados tengan «metros perdidos». Suñer atribuye las deficiencias a las prisas del equipo de gobierno de Rus «por inaugurar cuanto antes».
