Una decena de municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida incumplieron en 2015 el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por la ley. Barxeta, Benicolet, Benigànim, Bufali, Quatretonda, la Llosa de Ranes, Salem, Torrella, Vallada y Vallés figuran en la lista negra publicada por el Ministerio de Hacienda, que señala un total de 63 ayuntamientos de la C. Valenciana por liquidar el ejercicio con un saldo negativo o vulnerar la regla de gasto y destinar el remanente a proyectos y no solo a saldar deuda.
Los alcaldes «incumplidores» apuntan a deudas heredadas de la anterior legislatura y a circunstancias sobrevenidas para justificar el desajuste. La legislación estipula que las administraciones en esta tesitura deben aprobar un plan económico-financiero que garantice el cumplimiento de los objetivos para este año y el próximo.
La situación es especialmente delicada en Vallada, la localidad que arrastra la mayor deuda bancaria por habitante de la C. Valenciana. La losa es tal que el Ministerio tuvo que salir al rescate a través del Fondo de Ordenación para salvar al ayuntamiento de su situación de riesgo financiero, con un pasivo siete veces superior a sus ingresos. Vallada no solo incumple la Ley de Estabilidad, sino que cerró 2015 con un agujero presupuestario de 6,3 millones de euros, superior a cualquier otra entidad local. La herencia recibida es también el argumento que esgrime el alcalde de Valles, José Javier Sisternes, para explicar la inclusión de su municipio en el listado. «El remanente de 2015 ha sido negativo porque ahora las cuentas son reales», proclama. Cuando asumió la vara de mando, Sisternes se topó con un elevado volumen de deuda y un presupuesto que contabilizaba gran cantidad de pagos pendientes de cobro que se utilizaban para maquillar las cuentas y mejorar el balance.
Pura ficción. El nuevo secretario designado por la diputación ha practicado una auditoría a fondo de la corporación que ha aflorado numerosas facturas sin consignar en el presupuesto, así como obligaciones ficticias que se arrastraban desde 1996 y que no deberían aparecer en la contabilidad porque se consideran incobrables. Tras depurar estas irregularidades, el presupuesto ha decrecido y el consistorio ha liquidado 2015 con déficit. En cualquier caso, Sisternes remarca que, en un año, la corporación ha reducido más de un 20% su carga de deuda.
El alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar (PP), urge a cambiar la Ley de Estabilidad de Rajoy porque, a su juicio, impone «un cinturón que paraliza a los ayuntamientos». Aznar subraya que pese a cerrar 2015 con un saldo positivo, un endeudamiento por debajo del 15% y a pagar a proveedores dentro del plazo legal, su consistorio incumple la normativa debido a los gastos «imprevistos no presupuestados» que surgieron durante el transcurso del año y obligaron a destinar una parte de remanente a inversiones. «Que no puedas utilizar el ahorro que has generado el año anterior es kafkiano y absurdo y provoca una situación de parálisis en la administración local, que no tiene sentido sobre todo si has cerrado el ejercicio con superávit». La corporación reincide como incumplidora y ya tuvo que elaborar un Plan económico-financiero en 2015, como también lo ha tenido que hacer la Mancomunitat de la Costera-la Canal más recientemente. «Es cierto que ha habido épocas de desmanes, pero al final siempre pagamos el pato los ayuntamientos que estamos económicamente bien», lamenta Aznar.
Un 17 % de «incumplidores»
En el Ayuntamiento de Quatretonda sostienen que el dato negativo de Hacienda refleja «una foto fija» a 31 de diciembre de 2015. En ese momento, el consistorio había hecho frente a pago de 60.000 euros de la reconstrucción del barranco de Torrella y 147.000 ? de la construcción del frontón, dos inversiones ejecutadas mediante convenios singulares con la diputación, que hasta mediados de 2016 no ha abonado a Quatretonda la subvención correspondiente.
Según los datos difundidos, solo un 17% de los municipios de las tres comarcas no cumplieron el objetivo de estabilidad, frente a 59 que sí lo hicieron. Dos —La Granja y Cerdà— no remitieron al Ministerio la información oportuna.
Otra de las estadísticas publicadas esta semana por Hacienda revela que una docena de ayuntamientos liquidaron el ejercicio de 2015 con obligaciones de pago pendientes de aplicar en los presupuestos: Torrella, Anna, Vallada, Quatretonda, Fontanars, la Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, l'Olleria, Ràfol y Rugat. Al cierre del primer trimestre de 2016, estos consistorios ya habían solucionado la problemática.
