El juzgado de lo contencioso-administrativo nº9 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Xàtiva a pagar 12.735 euros a un vecino del carrer Blanc cuya vivienda sufrió desperfectos estructurales como consecuencia de las obras de pavimentación desplegadas en la vía a lo largo de 2012.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, reconoce el derecho del propietario a ser indemnizado en virtud de la responsabilidad patrimonial de la administración local como promotora de los trabajos, que consistieron en la renovación de un colector de aguas y en la posterior urbanización de la calle en la que se crió Raimon. La actuación se prolongó medio año y ocasionó molestias prolongadas a los vecinos.
La presencia de máquinas de gran tonelaje para la excavación y posterior relleno y apisonado del pavimento generaron «fuertes vibraciones en todo el entorno» que derivaron en «movimientos de terreno y asentamientos excesivos de la vivienda», según recoge la demanda. Todo ello se tradujo en diversas grietas y fisuras, originadas por un asentamiento parcial de la fachada recayente al carrer Blanc, así como del forjado del techo de la planta baja y la cubierta.
En 2014, el ayuntamiento fijó en 2.200 euros la cantidad a satisfacer al propietario por la rotura de un zócalo de mármol tras desestimar la mayor parte de los daños que éste reclamó inicialmente por la vía administrativa. El consistorio se escudó entonces en un informe del arquitecto municipal, según el cual no podía probarse que las obras de pavimentación de la calle estuvieran relacionadas con los desperfectos de la casa.
El demandante recurrió la negativa municipal y aportó un informe pericial detallado que valoró los desperfectos en 12.735 euros como consecuencia «del debilitamiento de la estructura y la reestructuración hiperestática en el edificio» a raíz del proceso de excavación de la calle. Otros residentes también sufrieron afecciones en sus viviendas, consistentes en grietas en fachadas e interiores.
En el juicio, que se desarrolló en dos sesiones celebradas en mayo y junio de este año, la defensa del ayuntamiento se aferró al informe del técnico municipal, que atribuyó los daños a la antigüedad de la finca del demandante y a la falta de mantenimiento de la misma, resaltando que su última reforma «se acometió en 2004 y tuvo un carácter mínimo».
El arquitecto no consideró proporcional el deterioro expuesto con los trabajos propios de la excavación «dada la tipología de las viviendas» del carrer Blanc yconcluyó que «no es posible determinar el estado del inmueble con anterioridad a las obras más allá de las manifestaciones del propietario». Pero la versión de la parte demandante es bien distinta. Según el propietario, ningún técnico llegó a visitar la vivienda afectada.
La jueza pide reparar el daño
Tras examinar los argumentos de ambas partes, la magistrada Ana Pérez Tortola considera acreditada la relación de causalidad entre las obras municipales y los desperfectos señalados por el vecino y valida la cantidad que éste reclama porque «no ha sido contradicha técnicamente» en sede judicial. La jueza, que impone las costas del proceso judicial al ayuntamiento, sostiene que «la prueba practicada en el juicio da cuenta de la entidad de las obras y de la afección que tuvo en los vecinos», tras escuchar el testimonio de otra residente. La sentencia no admite recurso y declara la obligación de la corporación municipal de indemnizar al recurrente para «reparar el daño ocasionado».
El equipo de gobierno tomó conocimiento del fallo a finales de julio y lo comunicó a los departamentos de Promoción y Tesorería para proceder a su cumplimiento.
