El pasado mes de julio, algunos medios de comunicación se hacían eco del asesinato en Honduras de Lesbia Yaneth, lideresa indígena y también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), a causa de su papel en la lucha contra los abusos de multinacionales, como defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. El asunto que al parecer le costó la vida fue su lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras. Sin ir tan lejos, y dado que en este país impera una democracia más civilizada, en Levante EMV podíamos leer la semana pasada «Marea solidaria con los imputados por las protestas en contra de la alta tensión».
Los hechos que han propiciado la convocatoria se retrotraen a algunos meses de 2011, cuando «los habitantes de la Vall d'Albaida se organizaron en una serie de protestas, movilizaciones y manifestaciones contra la línea de alta tensión que iba a atravesar hasta cuatro términos municipales». Como resultado de aquellas legítimas protestas contra de la línea de la empresa Iberdrola, las fuerzas policiales aplicaron dudosas legalidades. Hubo cuatro imputados, a los cuales un fiscal, que presuntamente se ampara en las directrices del poder más corrupto de este país, el PP, solicita «penas de prisión de un año y diez meses, y multas por un valor de 17000 euros».
Es una forma de amedrentar e intentar escarmentar al resto de manifestantes. Se nota en estas actuaciones, pretendidamente legales, la herencia de la dictadura fascista, de la que aún no se han desprendido legisladores, leyes, ni personal de la justicia, salvo contadas y honrosas excepciones, caso del juez Garzón. Pues seguramente, como le sucedió a este juez, para tremendo descrédito de la justicia española —lo de la separación de poderes no pasa de ser una milonga—, en el caso de estos cuatro imputados, digan lo que digan y prueben lo que prueben, su suerte o fallo ya está escrito. Y dirá lo que le convenga en su momento a la empresa eléctrica afectada. A no ser que verdaderamente entre un gobierno de justicia y honestidad, derogue muchas de las leyes represivas actuales y, cuando en noviembre de 2017 se vuelva a ver la vista, las leyes no sean torticeras, como en muchos casos ahora.
Por eso, incomodar a los herederos del franquismo, el PP, que aún gobierna el país y tiene ahormada a la justicia con acciones solidarias con los imputados, o como se convocó para este pasado lunes a una concentración frente a los juzgados de Alzira —donde habían sido citados—, son balones de libertad a exteriorizar frente a la «ley mordaza», perpetrada con la perversión democrática del PP.
La ciudadanía de la Vall d'Albaida aún tenía metida en la retina la espantosa imagen de las montañas ardiendo en 2010, cuando, un año después, la empresa eléctrica, menospreciando los acuerdos municipales en contra de la alta tensión, inició sus trabajos sobre cenizas (una actuación bendecida entonces por el gobierno Zapatero). Lo que legitimaba a la sociedad civil a oponerse a dicho proyecto. ¿La diferencia entre Honduras y España?, mientras las protestas medio ambientales en Centro América se zanjan con un tiro a la cabeza al cabecilla de turno, en la España de la corrupción se mete miedo al personal con parodias judiciales.
