24 de septiembre de 2016
24.09.2016
Biblioteca de familias

El Nacimiento del monte de piedad de xàtiva

24.09.2016 | 00:19

La burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y el saqueo llevado a cabo por algunos de sus dirigentes, se coaligaron a inicios del presente siglo para exterminar en apenas un lustro, lo que llevaba funcionando más de una centuria, con el claro objetivo de fomentar la conciencia del ahorro y el espíritu de previsión entre la clase obrera, para evitar trágicas situaciones de bancarrota familiar. Sólo nos queda como ejemplo más cercano la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent. El resto quedaron fagocitadas por la banca privada, entendida como negocio, donde la inversión en bienestar social ha dejado de ser objetivo prioritario para el siempre especulativo mundo financiero.

Nació el montepío setabense allá por finales de 1880, en el entresuelo de la casa de José Hostech, sita en calle de Sant Domènech, para luego ocupar otro local en la calle Sanchis, fruto de la donación del clérigo Galiana y Blesa, y terminar sus días en la Plaça la Bassa, donde hoy se sitúa la sede de otra entidad financiera que se olvidó de los principios éticos de un proyecto que intentaba cristianizar la filosofía del utilitarismo económico liberal. El Monte de Piedad dio un nuevo sentido a la caridad cristiana con el préstamo avalado por la compra de prendas u otros objetos personales; e intentó estimular el incentivo del ahorro, como único instrumento capaz de mejorar las condiciones de existencia del trabajador, y evitar las trágicas consecuencias del despido, el accidente laboral o la senectud, en una época en que la seguridad social aún no existía.

Su primera Junta de Gobierno estuvo formada por el abad de Xàtiva, José Pla Ballester; el empresario Cristóbal Mompó; o el abogado José Bataller, entre otros; y como vocales, encontramos a miembros destacados de las familias: Guiteras, Sastre, Maravall, Casesnoves, Ranter, Garí, Gutiérrez, Gosalbo, muchos de ellos a su vez, con cargo político en el ayuntamiento de Xàtiva, tanto por el partido conservador como el progresista, los únicos por entonces permitidos. Al contrario que en la actualidad, más que especular o extraer dinero de ellas, se dedicaban a insuflar capital de su bolsillo a razón de 125 pesetas por acción para permitir su puesta en funcionamiento. Ello les daba derecho a formar parte de las directivas, participar con su voto en la toma de decisiones, o a disfrutar de una parte de los beneficios en caso que los hubiere. El objetivo era, por tanto, no acostumbrar a nadie a vivir de la limosna, ya que la caridad mal entendida y realizada a largo plazo, no conseguiría jamás erradicar la pobreza ni la consecuente descohesión social, germen del desorden público.

El alcalde Antonio Chocomeli recibió la aprobación de los estatutos presentados ante el Gobernador Civil el 19 de agosto de 1880, para que así pudiese comenzar a funcionar el primer banco de la historia de la ciudad, considerado curiosamente con un establecimiento benéfico dependiente del Ministerio de la Gobernación, encargado de regular su legislación. Había que librar al asalariado, jornalero y labrador de la nociva usura de los prestamistas, que solían ahogar las economías familiares con sus altísimos intereses avalados con joyas, casas o tierras. Los hoy vergonzantes desahucios, fueron entonces moneda corriente, de ahí la necesidad de los montepíos. La ley permitía la división del edificio en dos secciones. Por un lado, la de Monte de Piedad, que socorría a las clases necesitadas, haciendo préstamos sobre alhajas, ropas, y otros objetos, a un módico interés. Y la segunda, como institución de ahorro, donde toda sociedad o persona podría guardar su dinero más allá del colchón o el arcón, viendo su montante incrementado con el cobro de periódicos devengos.

El Monte Piedad contaba con expertos tasadores encargados de valorar los empeños, y de velar por su custodia en la Depositaría de Prendas. Se tendría derecho a desempeñar hasta un cierto límite de tiempo, con el consecuente pago de intereses de demora. En el caso de no hacerlo, los objetos serían subastados en una pública almoneda. Las Cajas de ahorro abrirían libretas a individuos varones mayores de edad, con dirección, edad y profesión reconocida, y en su nombre a esposas, hijas y varones menores de edad, donde se señalaría la cantidad ingresada periódicamente, y los intereses que le correspondían, así como los movimientos que en ellas se realizasen. Además, se permitiría la apertura de libretas anónimas con el claro fin de de dedicar ese dinero a la ayuda de familias pobres, o de becar a niños sin recursos, entre otros objetivos sociales.

Premiada por la Real Sociedad Económica del País, la misma estuvo vigente hasta que fue absorbida por la banca privada. Afortunadamente aquella oficina no fue objeto del saqueo a la que la sometieron los consejos de administración de otras ciudades en épocas más recientes, y que contribuyeron a casi su total extinción. Si la historia hubiera sido otra, habríamos podido celebrar hoy su ciento treinta aniversario recordando sus inicios, y no firmando su certificado de defunción.

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