La auditoría desplegada por la Sindicatura de Comptes sobre el último año y medio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castelló de Rugat ha destapado un cúmulo de actuaciones «que no se ajustan a la legalidad y a los principios de buena gestión económica». El informe de fiscalización „medio centenar de páginas que harían sonrojar a cualquier funcionario„ representa una foto fija de la situación financiera heredada por el actual equipo de gobierno en 2015, marcada por una deuda de 1.300 euros por habitante.
El organismo pone la lupa en el ejercicio de 2014 para hacer hincapié en la «inexistencia de un control financiero» de las cuentas. La auditoría sostiene que la secretaría-intervención «no realizó las funciones previstas» en materia de fiscalización y dio pie a múltiples incumplimientos normativos, que se extenderían desde las bases del presupuesto hasta la ejecución del gasto. En este contexto, el exalcalde José Miguel Barranca y tres concejales de su equipo de gobierno percibieron miles de euros en indemnizaciones y dietas por mantener reuniones con vecinos y por gestiones y desplazamientos cuyos justificantes de pago «no constan» en la contabilidad municipal.
El exalcalde presumió en 2013 de suprimir el sueldo de los concejales liberados para ahorrar 30.800 euros a las arcas públicas. Sin embargo, en 2014 la partida destinada a sufragar dietas se disparó un 300% y se consignaron 55.000 euros en base a un régimen de asignación que fijaba una cuantía diaria de 38 euros para el alcalde y 30 ? para los concejales por la «mera atención a vecinos» y la realización de gestiones cuyo contenido no se especificaba. El consistorio terminó pagando 38.162 euros en dietas e indemnizaciones en 2014. De esta cantidad, solo un 15% está debidamente justificada (5.956 euros), según el informe. De los 32.307 euros restantes abonados, no hay ningún documento contable en el consistorio: ni reconocimientos de pago ni obligaciones reconocidas.
La Sindicatura concluye que «no existe constancia» de que las reuniones y desplazamientos que cobraron los exediles se efectuaran y ve «imprescindible» que el consistorio «aclare los hechos» al objeto de «determinar la existencia de un posible perjuicio para la hacienda local» con la consiguiente «responsabilidad contable imputable a los responsables de estas actuaciones». El equipo de gobierno estudia acciones legales tras poner de relieve que los justificantes requeridos no figuran entre la documentación contable. O nunca existieron o se destruyeron.
En sus alegaciones al informe, el exalcalde niega irregularidades y sostiene que «todos los pagos contaban con su justificacion y tramitación» y fueron autorizados por la secretaría-intervención. Barranca afirma que «toda la documentación está custodiada por el ayuntamiento», que «debe acreditar las obligaciones y pagos».
Regulación al margen de la ley
A principios de 2015, se produjo un relevo en la secretaría-intervención municipal por jubilación. Fue entonces cuando uno de los funcionarios que ocupó el puesto puso reparos al pago de las dietas, advirtiendo de que la regulación de las asistencias «no se ajustaba a la legalidad y podría considerarse una retribución encubierta» porque los gastos de manutención superaban los límites establecidos. Lo mismo opina la Sindicatura. La revisión de los justificantes ha revelado, además, que en todas las asistencias abonadas a los ediles consta una retención del 5% en concepto de aportación al PP, que se contabilizaba como «acreedores no presupuestarios».
No es la única anomalía detectada. La institución autonómica también observa evidencias «del funcionamiento irregular y la ausencia de control de la caja» municipal en 2014. El ente cuestiona la extracción de 9.772 euros para gastos menores, de los cuales un 26,6% «no están debidamente justificados». También pone en duda el ingreso de 7.962 euros en concepto de recaudación de tributos y multas. Este importe tampoco se ha justificado en un 29,6% y debería haberse transferido a las cuentas bancarias del consistorio.
