Recuperen ustedes su cómodo calzado para ir de manifestación y planchen sus camisetas y sus pancartas. Porque las vamos a necesitar, para defendernos en la calle de un gobierno que de forman inminente va a dejar de estar en funciones para funcionar en modo ataque indiscriminado a la mayoría de la población. Este pasado miércoles, tanto las AMPAs como los sindicatos de estudiantes, en Xàtiva como en el resto del país, llamaron a hacer una huelga contra los exámenes de reválida en todos los centros educativos excepto los universitarios.
Tenían buenas razones para ello. Las reválidas, denominación que ya huele a naftalina, son pruebas de las que se prescindió hace 70 años cuando quedó evidente que sólo eran una forma de impedir la permanencia del alumnado en el mundo de la educación. Entonces, como ahora, servían para invalidar el esfuerzo hecho durante los 13 o 15 años anteriores y privarles del título correspondiente jugándoselo a cara o cruz en una prueba. Ahora, sigue siendo igual de difícil, sino imposible, argumentar que una reválida demuestra el nivel de conocimientos y ofrece la información suficiente para evaluar justamente el esfuerzo realizado.
Imponer esas pruebas de reválida al acabar la ESO o el Bachillerato es también una forma burda de fiscalizar de la peor manera posible la labor realizada por el profesorado. La deseada evaluación permanente, útil para valorar los avances, carencias y necesidades del alumnado, queda automáticamente suprimida ante un peaje tan brutal como las reválidas que obligan a demostrar en un día y en un examen lo que ha sido evaluado a lo largo de los años por un profesorado que no tiene porqué regalar nada ni exigir más de lo necesario. Obviamente, desconfiar de su criterio es arrojar alegremente sospechas sobre su profesionalidad e imparcialidad.
Los partidarios de las reválidas pretenden ignorar que cada alumno o alumna es un mundo, que sus capacidades son distintas y sus circunstancias diferentes, por lo cual, aunque los conocimientos y habilidades alcanzados deban ser similares, es exigible también, en una sociedad justa, la valoración del esfuerzo individual realizado para superar esos desiguales obstáculos propios. El único efecto objetivo que las reválidas van a ocasionar es que haya más jóvenes que al no conseguir el título de Secundaria no hagan el Bachillerato, y al no conseguir el de Bachillerato no vayan, consecuentemente, a la Universidad. Un sistema útil, parece, para recortar en el sistema público de educación pero no para ofrecer ninguna mejora en el sistema educativo. Ninguna.
Mayores capacidades. La medida ha conseguido poner de acuerdo a la comunidad educativa. Familias, alumnado y profesorado comparten diversos argumentos que confluyen con la misma unanimidad en el deseo de un sistema educativo público, gratuito, laico y de calidad y en el rechazo a las reválidas, por injustas y obsoletas. Nadie hay con más interés que los propios estudiantes en recibir una educación que les dote de los mayores recursos para desarrollar al máximo sus capacidades. No habrá sector profesional más preocupado por la calidad de la educación que el profesorado, porque es su oficio, su vocación y su responsabilidad. Innecesario hablar del interés de las familias en que el sistema educativo convierta a las criaturas que envían a la escuela en ciudadanos y ciudadanas educados para la convivencia y la felicidad. Ninguno de ellos está por las reválidas. Solo las defiende y las impone este gobierno en funciones, que pronto dejará de serlo, y actuará con la soberbia y la indiferencia a la que nos tiene acostumbrados. Así que en legítima defensa, tendremos que seguir saliendo a la calle, siempre que haga falta, a gastar las zapatillas tras la pancarta.
