El próximo pleno del Ayuntamiento de Xàtiva dará luz verde a un reconocimiento extrajudicial de créditos para saldar el pago de 28 facturas pendientes registradas en los dos últimos años del mandato de Alfonso Rus, entre 2014 y 2015, por un importe de 317.000 euros. Los recibos se corresponden con obras y servicios que se materializaron pese a no contar con consignación presupuestaria o fueron encargadas y ejecutadas sorteando el procedimiento establecido en la ley de contratos.
Como informó Levante-EMV, el consistorio inició en febrero una investigación interna para revisar la relación de facturas raíz de los reparos manifestados por la intervención municipal, para determinar si procedía la nulidad de los vínculos contractuales. El ayuntamiento se encomendó al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, que en julio de este año emitió un dictamen favorable al pago de las cantidades pendientes con los proveedores al concluir, una vez examinada toda la documentación y los informes de diversos técnicos, que los servicios se habían sido prestado y no procedía la revisión de oficio de las facturas.
La operación se ha aprobado de manera provisional en la Comisión de Hacienda con el voto favorable de todos los grupos del equipo de gobierno y del PP y la abstención de Ciudadanos. La mayor parte de los recibos pertenecen a la empresa pública de la diputación Egevasa, que arrastra una deuda considerable debido a los consumos extraordinarios de agua potable procedente del depósito del camino de La Bola que se produjeron entre marzo de 2014 y septiembre de 2015, hasta la puesta en marcha de las bombas que impulsan el agua del canal de Bellús. Un escrito de la mercantil amenazando con cortar el suministro al ayuntamiento ha precipitado el pago de las cantidades pendientes, por un total de 212.775 €.
El consistorio también adeuda en la misma relación el canon anual que la Confederación Hidrográfica del Júcar reclama por el tratamiento de aguas en 2014 por 44.368 euros. Otras facturas se corresponden con una reparación de urgencia originada a raíz de un reventón en la red de agua potable de la calle Dr. Sumsi en las navidades de 2013 y con una serie de trabajos contratados durante la etapa de Rus con la empresa del ADN canino al margen del contrato. 14 de estos recibos se registraron en el consistorio apenas cinco días después de las elecciones que dieron la victoria a la izquierda.
Amenazas por vía judicial
El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, justifica el pago de las cantidades pendientes por las «amenazas» de diversos proveedores de acudir a la vía judicial, una pretensión que, según el concejal, las empresas «tienen de antemano ganada», ya que los técnicos municipales avalan los suministros y los importes devengados. El gobierno municipal se encuentra ante una serie de facturas que no han seguido el trámite administrativo legal y sobre las cuales pesa un informe desfavorable de la interventora —que deberá informar al Tribunal de Cuentas—, pero que en cambio están acreditadas por los técnicos que verifican la realidad, cantidad y precio de los diferentes suministros. Reig destacó ayer el consenso de los grupos políticos para «asumir entre todos la responsabilidad» de la operación.
