El ambiente que parece respirarse en Caixa Ontinyent en el transcurso de los pasados días no parece ir ligado al frío, lluvia y humedad que prima en las calles de Ontinyent. Más bien semeja extraído del popular poemario de Ausiàs March que dice bullirà el mar com la cassola en forn? El detonante fue esa noticia de que «Podemos y Compromís impulsan una enmienda que dinamitaría el Consejo de Caixa Ontinyent». Aunque esa dinamita, a la que se aludía desde Valenciaplaza, al menos en parte estaría mojada, y por tanto no estallaría.
La única caja que queda en tierras valencianas, y por ende la primera de las dos que quedan en todo el Estado español, veía como desde el poder autonómico, los de Podemos hacían pública la presentación de una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2017, mediante la que proponen una nueva redacción del artículo 20.1 (nombramiento, renovación y provisión de vacantes de los órganos de gobierno de las cajas). Además, se añadía que dicha enmienda «cuenta con el apoyo de Compromís».
Los miembros actuales del Consejo de Administración más damnificados —de prosperar la enmienda—, serían el presidente, Antonio Carbonell; el vicepresidente, V. Gil Montes y el vocal Josep Pla Barber. Otro damnificado podría ser, pásmense por ser afín a Compromís, el actual director de Riesgos de la caja, Rafael Beneyto, al que se le atribuyen altas aspiraciones sin contrastar, cuando es público que sus miras no persiguen los focos, como ya demostró al declinar la invitación para ser conseller de Economia.
Des de otra punta, la del cap i casal, se apunta a la tensión que se estaría viviendo entre los integrantes de l'Acord del Botànic a cuenta de la susodicha enmienda que atañe en exclusiva a Caixa Ontinyent. En este dilema entre partidos, desde Levante EMV se señalaba que «el PSPV quiere aliarse con el PP y Ciudadanos para tumbar esa enmienda». Un paso que, de llegar a materializarse, podría entrañarle no pocos riesgos o inestabilidad al ejecutivo que preside Ximo Puig.
El asunto tiene su enjundia. Por una parte desde Podemos se argumenta que «no se puede legislar ad nominem para beneficiar a consejeros con nombre y apellidos». Pero también entran en la contienda razones como las que blandía en este diario el director del IVF, Manuel Illueca, cuando exponía que «no tiene sentido cambiar una norma sin consensuarla con gente ejemplar en la gestión». Y remataba: «no proliferan las personas capacitadas para ejercer como consejeros». Este pensar sintoniza con las observaciones que se apuntaban desde Caixa Ontinyent, en nota de prensa emitida al respecto, que medios como Expansión recogían así: «Afirma la Comisión Ejecutiva que limitar el mandato de los consejeros generales resulta 'antidemocrático', ya que supone prescindir de la voluntad de los propietarios de la entidad, en este caso de la propia sociedad».
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también terciaba sobre la cuestión: «La limitación de mandatos entra dentro del espíritu del Botànic». Por lo que se barruntan rayos y truenos en el firmamento político valenciano. Aunque nada que no se pueda arreglar después de una buena comida de arròs al forn y mucho tresillat.
