El Ayuntamiento de Xàtiva ha sufrido un nuevo e inesperado varapalo judicial que puede desembocar en el pago de más de 400.000 euros a una empresa controlada por Luis Mollá, un antiguo socio de Alfonso Rus en los negocios inmobiliarios, excompañero de partido del exalcalde en el CDS primero y en AIX después.
Para comprender la magnitud del desaguisado cabe remontarse a junio de 2005. En plena fiebre del ladrillo, el pleno municipal adjudicó por subasta a la sociedad Agrícola Xàtiva, SA una parcela de 1.695 metros cuadrados de titularidad pública emplazada en el polígono Meses. La operación se cerró por 279.000 euros.
Pero los planes de negocio sobre la finca no fraguaron y, en 2012, la mercantil de Luis Mollá instó al consistorio a la resolución del contrato de compraventa y a la devolución de los importes abonados. Al no ver satisfecha su reclamación por la vía adminsitrativa, la firma formuló en abril de este año una demanda de juicio ordinario en los tribunales, al entender que la administración local «no cumplió con su parte» del convenio suscrito y entregó «un inmueble distinto del pactado» que no servía «al fin pretendido» porque «carece de accesos y porque su uso es comercial y no industrial».
La finca ha permanecido abandonada desde que pasó a manos privadas, hace más de una década. Años atrás se proyectó en su seno una gasolinera, pero no se materializó porque la conselleria no dio luz verde a los accesos planteados desde la rotonda próxima.
Una vez celebrado el juicio, el Ayuntamiento de Xàtiva ha sido condenado a indemnizar a la demandante por incumplir un contrato que el juzgado de instrucción nº1 ha terminado anulando. Según los cálculos del gobierno municipal, que ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la suma a satisfacer a la empresa podría alcanzar el medio millón de euros. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, a los 278.000 euros que costó la parcela y que el consistorio ha de retornar se suman los gastos en impuestos devengados, así como los intereses desde que se formalizó el contrato, hace una década.
La defensa del ayuntamiento rechazó en sede judicial que los terrenos subastados tuvieran un uso distinto del pactado. «Desde su licitación en 2005 hasta la actualidad no han sufrido ninguna alteración en su clasificación, que es la prevista en el planeamiento», indican fuentes municipales. La parcela se encuentra inscrita en suelo urbano industrial y, dentro de dicha clasificación, la zona se califica como de uso comercial. Sin embargo, un informe urbanístico emitido por el consistorio en 2012 a petición de la propia demandante —bajo el mandato de Rus— resulta clave para que la juez Susana Company estime el recurso de Agrícola Xàtiva, SA. Este documento califica de comercial el uso de la finca, incompatible con el desarrollo que pretendía desplegar la mercantil en los terrenos, definidos como industriales en todos los documentos suscritos hasta la fecha en la que se formalizó el contrato, según ahonda la sentencia.
Posible acceso alternativo
La magistrada, en cambio, no considera un incumplimiento imputable a la administración local el hecho de que la parcela fuera entregada careciendo de accesos. La entidad demandante solicitó una licencia municipal con la pretensión de crear una entrada directamente desde la rotonda próxima de la CV-645. El consistorio concedió el permiso, pero lo condicionó a la autorización previa del organismo de carreteras. La conselleria, sin embargo, denegó el trámite. Y la corporación municipal dejó sin efecto la licencia.
Aún así, el departamento autonómico ofreció una alternativa consistente en habilitar una entrada fuera del ámbito estricto del círculo de la rotonda a través de la parcela colindante a la finca, de propiedad municipal, previa servidumbre de paso. De ahí que la juez considere probado que, aunque existía «posibilidad de acceso», la empresa compradora no continuó con los trámites pertinentes para explorar esta vía, por lo que rechaza la petición de la demandante de condenar al ayuntamiento a dotar de accesos directos a la parcela de forma subsidiaria.
La superficie en cuestión fue licitada por la administración local junto a otra finca de tipología industrial en una subasta a la que solo se presentaron dos empresas y cada una obtuvo una parcela. Fernando Segura y Agrícola Xàtiva, S.L. se adjudicaron los terrenos que han motivado el presente litigio, pero el primero cedió a Luis Mollá sus derechos de propiedad apenas un mes después de que el pleno aprobara la venta. La inmobiliaria vinculada al empresario oferta ahora la finca ubicada en la carretera de Simat, que volverá a manos del consistorio si la sentencia se eleva a firme.
