Una nueva regulación aprobada por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit ofrece a los vecinos castigados por infringir la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno fórmulas alternativas a las sanciones de carácter económico, tales como trabajos voluntarios para la comunidad o tareas socioeducativas, focalizadas en la reparación del daño causado.
La normativa, que entró en vigor ayer, tiene por objeto «contribuir a fomentar la conducta cívica entre la ciudadanía». Los trabajos alternativos podrán llevarse a cabo «siempre que legalmente sea posible y previa conformidad del infractor», y no existirá por ello relación contractual con el ayuntamiento de tipo laboral o de arrendamiento de servicios, por lo que toda responsabilidad que se derive de sus actos u omisiones solo será exigible al infractor.
La modificación de la ordenanza precisa, no obstante, que los mayores de edad y los menores de 16 años tendrán la cobertura prevista en materia de Seguridad Social a los efectos de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación del trabajo, y estarán protegidos por las normas de prevención de riesgos laborales. A los menores de 16 años se les garantizará una cobertura suficiente por accidentes y una protección que en ningún caso será inferior a la regulada por la normativa de prevención de riesgos, para lo cual el ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro que cubra los riesgos personales de acuerdos a las tareas, según el documento.
Las medidas alternativas a las multas económicas no serán posibles cuando se trate de una conducta reiterada o reincidente en la comisión de infracciones, excepto si se es menor de edad. Entre las actitudes castigadas en la ordenanza figuran las pintadas en fachadas y mobiliario urbano, los desórdenes que alteren la convivencia pacífica, ocasionar daños en bienes públicos o privados, depositar basura sin bolsa en los contenedores o hacerlo fuera de horario, o defecar y orinar en la vía pública o en parques. Las infracciones muy graves pueden llegar a una sanción de 3.000 euros.
