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Eléctricas: peligro

Mi amigo Vicent dice que desde que un buen día decidió dejar la compañía eléctrica de toda la vida por una comercializadora de servicios energéticos —gestionada por unos profesionales ontinyentins de su confianza, Fenie para el caso— que agentes comerciales que le aseguran representar a su anterior compañía eléctrica no paran de acecharle en su domicilio, con ofertas de las que no se fía un pelo. Siempre con el objetivo de que vuelva a la antigua compañía. Incluso hasta en los pasados días, en los que se batieren récords de encarecimiento del consumo, osaron llamar a su puerta con la cantinela de siempre. Pese a que dichos sobreprecios, como muy bien dice, representan un desorbitado enriquecimiento, tras el cual, en opinión generalizada e independiente, se escudan unos de los mayores robos públicos de la actualidad en este país, perpetrados con una amoral cobertura legal, servida en bandeja de plata, por este, y anteriores gobiernos españoles, que en el caso del que preside Rajoy, se ha encargado de acentuar y extremar tal latrocinio. Y es que en la memoria de este amigo, y en la de mucha otra gente ontinyentina, aún se recuerda que, ya hace dos años por estas fechas, la regidora de Consumo del Ayuntamiento de Ontinyent, alertaba a la ciudadanía acerca de «los trucos que se emplean, por parte de las compañías eléctricas, con el fin de captar clientes», o que estaba provocando numerosas incidencias en la OMIC, ya que la ayuda en el ahorro de la factura eléctrica, a la postre, devenía en un mayor beneficio para la compañía eléctrica.

Porque si de ahorro y eficacia energética hablamos habrá que retrotraerse al balance que en marzo de 2015 hacía el gobierno ontinyentí del PSPV y Compromís, cuando señalaron que en el periodo de 2011 a 2015 las arcas públicas habían experimentado un ahorro de 781.000 euros en la factura eléctrica, como consecuencia de las medidas aplicadas a tal fin, que contemplaba el Pla d'Estalvi Energètic del cuatrienio anterior. Entre las medidas empleadas figura la que se tomó en 2014, cuando se adjudicó el 65% del subministro eléctrico para servicios y edificios municipales a la Unión Electro Industrial, SLU, «que asumió todo el suministro, a excepción del 35% adscrito a la Tarifa de Último Recurso (TUR)», según se publicó.

Y es que como bien decía la escritora Almudena Grandes en su columna radiofónica semanal «a los españoles del futuro les costará mucho trabajo entender que en el país europeo con más horas de sol al año, la energía solar esté sometida hoy a impuestos exorbitantes». El quid de la cuestión radica en la política, como bien agregaba: «Mientras los políticos españoles cuenten con un retiro dorado en una gran compañía energética, dará lo mismo que el petróleo suba o baje», sentenció.

Mientras, no son pocas las voces que reclaman la nacionalización de las eléctricas. Fue cuando algunas de esas empresas fueron privatizadas a partir del 28 de junio de 1996 con gobierno del popular José Mª Aznar, en el contexto del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial. Las privatizaciones afectaron, total o parcialmente a empresas como: Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol...

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