El departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha la tercera fase del Programa de Políticas Inclusivas. Esta iniciativa se traduce en la contratación de seis personas con discapacidad funcional que trabajarán en distintos servicios municipales durante un período de un año, como la brigada de servicios públicos o ejecutando tareas contempladas dentro del Plan de Sostenibilidad de Infraestructuras. La dotación presupuestaria destinada a tal efecto supone la inversión de 55.051'30 euros.

El objetivo de la medida es, tal como explica la regidora Xelo Angulo, "que la integración en el mundo laboral de estas personas contribuya al bienestar social integral de la unidad familiar". Según la edil, se trata de "una oportunidad para mejorar su vida" porque "el hecho de estar trabajando, más allá de suponer una mejora de la la situación económica, conlleva una serie de beneficios adicionales y muy a tener en cuenta, ya que mejoran el estado vital y la integración social, por ejemplo, con un aumento de la autoestima o con la asunción de unas rutinas horarias pautadas y regulares", asegura la concejal responsable del área de Bienestar Social.

El Programa de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Xàtiva (PI) se inició en marzo de 2016. Durante el durante el pasado año se procedió a realizar dos periodos de contrataciones que comenzaron en marzo y en octubre de 2016. Cada una de estas fases supuso la contratación de 15 personas por un período de 6 meses. Finalizado el periodo de contratación, Servicios Sociales emitió un informe de satisfacción sobre el desarrollo de la experiencia de todos los beneficiarios del programa. Hasta el momento, el PI ha dado trabajo a 30 usuarios de servicios sociales, a los que se suman ahora 6 personas más con discapacidad funcional.

El eje principal de esta tercera fase del PI radica en profundizar y abordar la inclusión desde la propia concepción del trabajo como elemento estructurante de la vida, de la integración y del conjunto de relaciones sociales. Ahora, se ha optado por este tipo de beneficiarios "para dar cabida a un nuevo sector de población con riesgo de exclusión: las personas con discapacidad funcional", según reza en los informes de Bienestar Social.