Las construcciones irregulares en el diseminado de Ontinyent y las sanciones por infracciones vuelven al primer plano. Los propietarios de viviendas construidas de manera ilegal que han sido sancionados con elevadas multas están recibiendo desde hace una semana las notificaciones del ayuntamiento del cobro de las sanciones. Multas que como ha ido publicando este periódico pueden ser desde 30.000 euros a 173.000 o más de 380.000 euros, según la obra ejecutada y el suelo en el que se asienta el inmueble (no urbanizable, protegido o de especial protección).
Algunos de los afectados que han comenzado a recibir estas notificaciones han criticado la «arbitrariedad» en la aplicación de las sanciones y señalan que se dan situaciones en las que sobre una construcción pesa una multa y una orden de derribo por la irregularidad y al lado, una construcción construida en las mismas condiciones «esta regularizada. Si te pillan te multan, pero si construyes de manera irregular y no te pillan no pasa nada», critican algunos afectados. Una arbitrariedad en la aplicación de la ley que ya denunciaban los propietarios que durante el mandato del PP en el consistorio fueron multados y que el gobierno progresista aseguró erradicar y anunció mecanismos para legalizar las construcciones y minimizar las sanciones. Los afectados lamentan que estas «promesas» tampoco se están cumpliendo con el ejecutivo de Jorge Rodríguez.
Los propietarios de construcciones irregulares que están recibiendo estos días las notificaciones denuncian las «lagunas de la planificación urbanística, con zonas no urbanizables y al lado otras urbanizables». Además, los afectados ponen de manifiesto el «retraso» de los anunciados planes parciales y pormenorizados propuestos por el ejecutivo socialista para regularizar viviendas ilegales del diseminado. Un diseminado poblado con más de 6.000 casetas.
Los propietarios afectados también aseguran que la nueva oficina de asesoramiento sobre la regularización de casetas del diseminado «no funciona». El consistorio anunció días atrás la puesta en marcha de este servicio, que prestarán un arquitecto y un abogado, y que está en marcha desde el pasado jueves en la Casa de la Cultura. Los propietarios de casetas indicaron ayer que la oficina no está en marcha y que «en la Casa de la Cultura no saben nada de la misma». Aseguraron que han solicitado cita previa —tal como se requiere— en el consistorio, pero que no han obtenido respuesta a la citación. «No se sabe el horario que tendrá la oficina, ni cuando estará en marcha» y recriminaban que sea «un asunto propagandístico» del gobierno de Rodríguez.
Pago de multas fraccionado
Los propietarios con casetas con multas más gravosas que están recibiendo estos días las notificaciones —entre los que podría haber más de una treintena, señalan— buscan unirse, después de que la asociación creada hace años, Adeca, haya dejado de estar activa. Algunos explican que pagarán la multa, acogiéndose a las facilidades de pago (fraccionado, con bajo interés) ofrecidas por el consistorio.
