El Ayuntamiento de Xàtiva ha encajado un nuevo revés en su particular calvario de condenas en los juzgados. Esta vez, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado la razón a la constructora FCC, SA en un litigio que aboca a la administración local a pagar a la constructora 152.000 euros por una serie de sobrecostes derivados de las polémicas obras de reurbanización de la calle Corretgeria, materializadas hace justo una década.
En 2012, la empresa presentó a cobro dos facturas que el equipo de gobierno de Alfonso Rus se negó a pagar, alegando que el plazo para reclamar había prescrito, puesto que habían pasado más de 4 años desde la finalización de los trabajos. En 2014, sin embargo, un juzgado de primera instancia desautorizó la postura municipal y determinó la «inexistencia de prescripción» porque la corporación había omitido la liquidación definitiva del contrato y no había cancelado la fianza con FCC.
La sentencia del TSJ, dictada el 27 de enero, confirma este pronunciamiento previo y desestima los argumentos del consistorio, condenado a pagar la cantidad reclamada más 1.800 euros en costas judiciales y los intereses generados a lo largo del proceso.
Una de las facturas, por importe de 87.134 euros, obedece a un modificado y a la liquidación definitiva de la actuación. La otra, de 51.243 euros, responde a la instalación de tres contenedores subterráneos que fueron facturados a posteriori a pesar de que ya figuraban en el proyecto original.
Las reforma integral de Corretgeria, que sustituyó el alquitrán de esta calle central del casco histórico por un pavimento de adoquines basálticos, se proyectó en 2005 con un presupuesto inicial de 293.813 euros. La adjudicataria se comprometió a ejecutar unas mejoras valoradas en 45.000 euros. Los sobrecostes nunca fueron autorizados por la administración y FCC, SA no los puso de manifiesto hasta 2012, con la presentación de las correspondientes facturas. La actuación, financiada con el Plan Provincial de Obras de la diputación, incumplió los plazos de ejecución y sufrió prolongados atrasos. A juicio del concejal de Hacienda, Ignacio Reig, el de Corretgeria «es el típico expediente de la era Rus, con una obra adjudicada a una empresa amiga del concejal de obras y con un presupuesto inicial ajustado con mejoras que, en cambio, dobla el coste al finalizar la obra». Para el edil, «es evidente la intención de incrementar su coste, aún sin tener expediente ni adjudicación del modificado ni de la instalación de contenedores facturada a posteriori».
Apelar al Supremo o pagar
Cuando FCC reclamó los sobrecostes de Corretgeria, en 2012, la empresa acababa de ser apartada de la millonaria concesión de la recogida de la basura de Xàtiva. Su mala relación con Rus era ya pública. La multinacional declaró al ayuntamiento una guerra abierta en los tribunales y exigió el pago de elevados importes pendientes derivados de revisiones de precios y liquidaciones de diversas obras y servicios prestados que hasta ese momento no había reclamado. Otra sentencia similar condenó en 2015 al consistorio a pagar 390.000 euros a la constructora por los sobrecostes del CCX.
Tras el último fallo del TSJ, al consistorio solo le quedan dos opciones: o recurrir ante el Tribunal Supremo „una opción «remota y con poco recorrido», según el concejal de Hacienda„ o afrontar el pago de los 152.000 euros a través del préstamo previsto en el presupuesto de 2017 para otras sentencias condenatorias y «pufos» heredados. Para Reig, esta alternativa «pondría en peligro el actual equilibrio presupuestario» porque supondría aumentar el endeudamiento previsto. «Lo peor de todo es ver como los responsables de estos desastres se pasean con sus vehículos de alta gama mientras pagamos entre todos el coste de su oscura gestión», apostilla el edil.
