El Tribunal Supremo ha allanado el camino de la integración del Ayuntamiento de Ontinyent en el Consorcio de Residuos (COR) que agrupa a los municipios de la Costera, la Canal, la Vall d´Albaida, la Safor y el Valle de Ayora. La sentencia firme avanzada ayer por Levante-EMV pone fin a la batalla judicial emprendida hace un lustro por la administración local y refrenda la potestad del organismo creado al amparo del Plan Integral de Residuos de la Generalitat para cobrar a los vecinos de la Vall d´Albaida como órgano que gestiona el tratamiento y eliminación de la basura de la comarca desde 2014.
La derrota de Ontinyent, sin embargo, es relativa. El contexto actual difiere mucho de la guerra abierta que la Mancomunitat y el COR mantenían durante la pasada legislatura, cuando se inició el proceso judicial. En octubre, ambas instituciones sellaron un acuerdo de paz bendecido por la Conselleria de Medio Ambiente que abre el camino a un nuevo modelo de gestión compartida de la basura, donde se preserva el espíritu del Plan de Minimización y la Vall d´Albaida goza de mayor autonomía de la inicialmente contemplada, aunque bajo el paraguas del COR y de la ley autonómica. El convenio de colaboración, asimismo, supone la integración de los 34 municipios de esta comarca en el COR, un compromiso que ha ido desarrollándose en los últimos meses de forma escalonada.
Aunque no es obligatoria, la adhesión a la gestora de la basura permite a los ayuntamientos poder participar con voz y voto en sus órganos de decisión e influir en sus políticas. La integración de Ontinyent era cuestión de tiempo, aunque la sentencia del Supremo termina de apuntalarla. Fuentes municipales consideran que el fallo supone la entrada «de facto» de esta y otras localidades que en su día se rebelaron contra el COR. La importancia de este nuevo paso no es menor, puesto que Ontinyent es la segunda ciudad por volumen de habitantes del ámbito de gestión, solo por detrás de Gandia. Su ausencia hasta ahora dejaba a la Vall muy infrarrepresentada, puesto que los votos de cada ayuntamiento en las asambleas ponderan en función de su peso poblacional. Ahora, esta comarca gana fuerza no como un ente externo y abstracto, sino como un grupo integrado por alcaldes con una hoja de ruta común: definir el nuevo Plan de Minimización de la basura desde dentro del Consorcio.
De momento, la entrada en el COR va a reportar al Ontinyent un ahorro de 126.000 euros anuales en la gestión del ecoparque municipal, cuya explotación ya ha sido cedida al COR para su modernización. Pero el nuevo escenario no está exento de costes para la corporación local. Los estatutos del COR determinan que los ayuntamientos han de satisfacer sus obligaciones pendientes antes de su ingreso para ajustarse a las aportaciones del resto. Así, Ontinyent deberá abonar este año 62.551 euros de la cuota de funcionamiento liquidada en 2010 como requisito para tomar posesión en el órgano.
Las bases del presupuesto del COR, además, prevén que los nuevos integrantes de la Vall d´Albaida puedan fraccionar a lo largo de las dos anualidades siguientes las cuotas adeudadas del resto de ejercicios, entre 2007 -año en el que se giró la primera- y 2012.
Una batalla ganada «a nivel social»
A pesar de la sentencia del Supremo, en el gobierno municipal de Ontinyent subrayan que la presión del ayuntamiento ha resultado fundamental en el proceso que desembocó en el pacto de 2016 entre la Mancomunitat y el COR, sin el cual, añaden, el fallo podría haber aniquilado las opciones de preservar el Plan de Minimización. «La batalla se ha ganado a nivel social», concluyen estas fuentes.
En este escenario, el ejecutivo de Ontinyent es consciente de que ha de estar representado en los órganos de decisión del Consorcio para defender los intereses municipales. Lo contrario sería «una dejación de funciones», desentenderse de un ente que afecta y mucho a los vecinos. La adhesión ha de ser solicitada por el consistorio -podría aprobarse en el pleno- y luego el COR deberá validar el ingreso en la asamblea de alcaldes.