Desde su despacho de Ontinyent, Ramón Cerdá presume de haber vendido más de 10.000 empresas en una década. Al imperio de sociedades fantasma levantado por este empresario y abogado recurrieron los cabecillas de Nóos, Gürtel, Taula o Gowex, atraídos por las facilidades para poner en funcionamiento mercantiles «durmientes» en menos de 24 horas sin dejar rastro en el registro. Así se cocinaron los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, a partir de conglomerados de empresas opacas, de «segunda mano», controladas por testaferros y nacidas de forma aparentemente legal.
Acostumbrado a verse salpicado por todo tipo de tramas, Cerdá siempre ha defendido el cumplimiento de la ley en estos traspasos, argumentando que solo un 1% de las sociedades que vende se emplean para fines fraudulentos.
La Audiencia Nacional, sin embargo, acaba de condenar al abogado a 10 años y medio de prisión por defraudación tributaria, asociación ilícita y falsedad continuada en documento público y mercantil. La sala sitúa a Cerdá al frente de una red internacional organizada de fraude del IVA que se habría servido de sus sociedades pantalla para burlar el pago de más de 3 millones de euros. Hay 16 condenados, aunque el ontinyentí recibe el castigo más severo.
El empresario combina la venta de mercantiles con la escritura de novelas eróticas y thrillers y la gestión de un blog desde el que abandera una particular cruzada contra las «perversiones» de un sistema fiscal que en sus entradas califica de «injusto, ineficaz, lleno de mentiras y manipulaciones». «Hacienda no tiene palabra, así que mejor no fiarse nunca de lo que nos digan». Reflexiones como esta ocupan las páginas de libros que ha publicado bajo títulos como ¿Hacienda nos roba?; Hacienda (no) somos todos o Cómo quejarse a Hacienda. El abogado alardea de hablar «sin censuras» y «con total claridad» de la forma de proceder de la Administración. «Hemos de ser conscientes de nuestras obligaciones fiscales, pero también de que no nos hemos de dejar manipular. Lo mejor es conocer nuestros derechos y poder discernir cuándo el poder abusa de nosotros», sostiene una de las reseñas.
Cerdá carga contra el «afán recaudatorio» del fisco. Exhibe un discurso neoliberal que considera al contribuyente «un esclavo de Hacienda» y le anima a dejar de «pagar sin rechistar» y a rebelarse. «Como en la Edad Media, no solo esquilman nuestras cosechas, sino que podemos acabar en la cárcel con mucha facilidad», señala en un escrito hoy profético. Muy crítico con propuestas como la de airear el nombre de los grandes defraudadores o la de ampliar el plazo de prescripción para los delitos fiscales, Cerdá reprobó al líder podemita Pablo Echenique por pagar en negro a un empleado, pero en cambio censuró la detención «innecesaria» de Rodrigo Rato, luego condenado a prisión.
Papel «fundamental» en la trama
Ahora que es el empresario de Ontinyent, de 53 años, el que se encuentra envuelto en múltiples investigaciones por blanqueo de capitales, prefiere guardar silencio y declina responder a Levante-EMV. La justicia parece haber noqueado su retórica. Ramón Cerdá afronta un rosario de acusaciones en los tribunales: hay cuatro piezas abiertas que le salpican. La última sentencia de la Audiencia Nacional es contudente al retratar una operativa delictiva organizada en la que su papel era «fundamental». Los magistrados consideran probado que el abogado participó activamente en una trama a la que suministró cinco sociedades pantalla en estado de «ser utilizadas de inmediato para el fraude tributario» en cantidades millonarias. Estas empresas cumplían los requisitos formales, pero resultaban ilocalizables y tenían administradores inexistentes, personas cuya identidad habría sido suplantada ante notarios que ejercían controles insuficientes o con supuestos testaferros nombrados por Cerdá que, en ocasiones, eran «indigentes» pagados con pequeñas remuneraciones o conocidos reclutados para «ocultar a los auténticos agentes el engaño».
La red funcionaba mediante una apariencia de legalidad, a través de dos empresas -DMJ y Woxtex- que ofertaban material informático y de oficina a precios reducidos por todo el mundo, aunque a menudo simulaban operaciones inexistentes para defraudar el IVA.
Cerdá negó los hechos y aseguró que se había limitado a constituir y vender las sociedades, sin conocer la actividad de los clientes. Sin embargo, la Audiencia pone de manifiesto la «repetición de conductas idénticas» en las empresas de la trama, la relación continuada de Cerdá con otros implicados y las grabaciones que lo incriminan.
