Sin duda, la buena noticia para los valldalbaidins con la que se iniciaba esta semana, de la que daba cuenta Levante EMV, era: «Sanidad fija 2021 como fecha máxima para la apertura del nuevo hospital de Ontinyent». Máxime cuando se cita como fuente a «un documento publicado en el Diario Oficial de la UE», donde se fija «un máximo de 52 meses el plazo desde la redacción del proyecto hasta finalizar las obras». Y aunque antes de su apertura, en 2019, mediaran elecciones municipales y autonómicas, es de esperar, so pena que desde esta comarca se rebelaran contra los futuros mandatarios que salgan de las urnas dentro de dos años, que la finalización del proyecto no sufra ya más demoras, ni burlas o mofas a la población como las que protagonizó el PP, en que el tándem F. Camps- L. Insa actuaron de troleros mayores, plasmando su engaña-bobos en una maqueta y un gran cartel de unos 20.000 euros, a cuenta del bolsillo público de los ontinyentins.

El ara va de bo está fijado en el presupuesto del Consell con una partida de 902.000 euros, más IVA, que tendrá su génesis con la apertura de plicas en la Conselleria de Sanidad el próximo 24 de abril. Por lo que incluso las obras podrían finalizar a mediados de 2020. Con lo que políticamente, tanto el batle Jorge Rodríguez, como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, podrían darse más que satisfechos. Aunque menos que la sufrida ciudadanía, que ya se sintió frustrada hace más de tres décadas cuando los gobernantes decidieron ubicar el demandado hospital en Xàtiva. Y es que los agravios por estos lares, hasta ahora, han sido una constante histórica. Ya que otro tanto sucedió con la reclamación de una Escuela Oficial de Idiomas, que desde la década de los años 80, reiteradamente, vinieron solicitando los sucesivos gobiernos ontinyentins. El colmo llegó hace una década, cuando el ahora imputado Máximo Caturla, en aquel tiempo responsable de edificar estos centros, optó por desdeñar Ontinyent, en provecho de Xàtiva, donde se daba el caldo de cultivo para sus presuntas mordidas.

A expensas de la extensión de tierras que se puedan ofertar, así como del número de adscritos a la iniciativa municipal, no cabe duda que la actuación de «censar las tierras de cultivo en desuso para ofertarlas a los vecinos» que está llevando a cabo el gobierno de Ontinyent, es una alternativa preñada de buenas expectativas. Revirtiendo así una antigua máxima reivindicativa: «que viva de la tierra quién la trabaje».

El COR sigue dando bandazos. Algo sigue chirriando en el seno del COR. Cuando las fotografías y firmas de paz, tras la anterior etapa belicosa, hacían presagiar «buen rollito» entre instituciones, de súbito saltaron las alarmas en el organismo que preside el alcalde xativí, Roger Cerdà. La protagonista era la interventora del COR, al realizar una acusación que han soliviantado al gobierno ontinyentí. Concretamente la edil Patricia Folgueras era la que sin tapujos tachaba de «calumnia» sus argumentos sobre el retraso en pasar los recibos. Como contrapeso informativo Folgueras señalaba que «los vecinos de Ontinyent pagaron más tarde la basura de 2016 porqué antes hubiese podido ser ilegal». Al tiempo que le endosaba un órdago, al preguntarse «¿cómo el COR ha permitido que se cobrara a los vecinos mediante un convenio con la Diputación que había caducado?». A Cerdà le compete ahora deshacer entuertos.