Para perplejidades la que nos deparó la semana pasada con el anuncio, por una parte, del gobierno ontinyentí de «contratar los servicios de una empresa especializada para atender una demanda histórica de les asociaciones locales para el desarrollo de sus actividades en el teatro Echegaray y la sala Gomis» realizado mediante concurso público por un importe de 31.831,65 euros. Y, por otra, las reacciones desatadas contrarias a tal medida, a las que hacía alusión esta edición. Concretamente , quienes tomaban cartas en el asunto eran: Silvia Urenya, de Compromís; Esquerra Unida y la Associació de Veïns del Llombo. Tanta acritud hacia una medida de gestión que, a priori, parece beneficiosa en general „al hacer más rentable el gasto del erario público, así como permitir, tal y como señala el gobierno municipal, «la programación simultánea de actividades en el Echegaray y la Sala Gomis»„ en suma arroja dudas. Pues además, se refuerzan otros servicios municipales, caso del MAOVA o la Biblioteca Central. No es baladí recordar que desde esta tribuna se ha denunciado la infrautilización de la sala Gomis, sin que el tema preocupase ni lo más mínimo a Compromís, y eso que el Bloc fue el partido que más apoyó su construcción en su día.
Dados los corsés y exenciones laborales que rigen en el funcionariado resulta a todas luces cabal que, ante la disyuntiva de contratar dos nuevos conserjes, con horarios rígidos y sin funciones para atender la carga y descarga en los locales citados, se haga de este modo. Pese a su coste anual, tal como reflejaban los presupuestos municipales: 48.956 euros. Resultando plausible que se haya optado por el más con menos, es decir por los 38.516 euros que costará ahora el servicio con la empresa adjudicataria.
Acudiendo a la antedicha fuente, vemos que el gasto de personal del departamento de cultura, en el caso de los conserjes, el salario básico anual, sin sumar antigüedad y horas extra, tiene un costo de 24.478 euros (entre salario y seguridad social). Lo mismo cabe decir del técnico de cultura, cuyo salario anual asciende a unos 60.000 euros (bastante superior al del alcalde). Lo que significa que la retribución anual de esos cinco funcionarios es, si més no, de 160.000 euros al alza. ¿Y cuál es el presupuesto anual destinado a actividades culturales? En 2016 se elevó a 138.000 euros, (mientras en subvenciones a asociaciones culturales se destinaron 120.000 euros). O lo que es lo mismo, las arcas públicas gastan más dinero en mantener una infraestructura laboral que en las propias actividades. Evidentemente, ni las antedichas voces, ni ninguna, se han rasgado las vestiduras en Ontinyent por ello. Ni tampoco respecto a la visible irracionalidad laboral actual en dicho departamento, donde al realizar su jornada de trabajo, en la que raramente se programan actividades culturales, irremediablemente estos ocupan su tiempo con los brazos cruzados a la espera de que el reloj marque las horas. Para colmo, en ocasiones, el técnico cultural ha estado haciendo funciones de conserje. Pero a un precio la hora impublicable, para no herir susceptibilidades, al gozar, parecer de una extraña bula política. Y todos callados. Choca, además, que cuando los aludidos, lícitamente, intentan hincar el diente al gobierno de Jorge Rodríguez, lo hagan a favor de un colectivo comparativamente privilegiado.
