El gobierno municipal de Xàtiva dio luz verde en el último pleno a una modificación de las bases de ejecución del presupuesto y del reglamento de facturas que no cuenta con el beneplácito de la intervención municipal y que ha levantado ampollas en el seno de la oposición. El regidor de Hacienda y portavoz del PSPV, Ignacio Reig, defendió que, con la medida, el consistorio persigue «ajustarse a los cambios normativos» y agilizar la aprobación de aquellas facturas de gastos menores cuya tramitación ralentiza el funcionamiento de la administración.
La modificación de la base 13 del presupuesto comporta que aquellas contrataciones de servicios y suministros que oscilen entre 1.000 y 3.000 euros y aquellas obras valoradas en menos de 12.000 euros no tendrán que pasar necesariamente por la junta de gobierno. Según Reig, 400 expedientes menores al año no necesitarán esperar al lunes para ser validados por el órgano ejecutivo, lo que permitirá «aligerar» la gestión municipal y reducir el colapso existente en la tramitación de pagos.
La propuesta, que salió adelante con los votos del PSPV, Compromís y EU, se topó en cambio con la abstención de PP y Ciudadanos. Los portavoces de ambas formaciones apoyaron su decisión en un informe de la interventora municipal no ve «oportuna» una modificación que «se adapta a la legalidad», pero que cuestiona porque podría conllevar «un incremento del gasto corriente y de los reconocimientos extrajudiciales de crédito» a medio y largo plazo, según advierte la funcionaria. El informe técnico defiende la forma de proceder hasta ahora porque ha permitido reducir «extraordinariamente» los reconocimientos extrajudiciales y el gasto corriente, al incrementarse el control sobre los contratistas y los precios de manera previa a la realización de los gastos, añade la interventora.
La portavoz popular, Mª José Pla, ha advertido de que, con la medida, los concejales «tendrán más peso para contratar».
Por su parte, Ignacio Reig hizo hincapié en la necesidad de «hacer que las cosas funcionen y que la burocracia no supere la efectividad que requiere el día a día a día». El edil de Hacienda dijo que, hasta ahora, la responsablidad del gasto menor se diluía entre los miembros de la junta de gobierno y manifestó que la modificación establece una orden de compra que firmarán de forma conjunta el técnico y el concejal para «corresponsabilizarse del pago». Además, Reig garantizó que se controlará la existencia crédito para continuar con la «determinación» de «desterrar» las facturas en cajones.
La portavoz de Compromís, Cristina Suñer, se posicionó a favor del cambio normativo con tal de «dar fluidez» a la gestión municipal frente a la «ralentización» de las contrataciones menores. La edil aludió al «anormal funcionamiento» de la administración durante la etapa de Rus, cuando se destapó una gran cantidad de fracturas en los cajones
EU cuestiona las subvenciones
Para Miquel Lorente (EU), la modificación comporta un mayor grado de responsabilidad política y una agilización de las facturas. El primer teniente de alcalde votó a favor de la propuesta, pero mostró sus reservas respecto a otro punto incluido en la modificación, que establece una serie de subvenciones nominativas que, bajo su punto de vista, contradicen «el espíritu de la ley de subvenciones». «Estas subvenciones tienen que utilizarse, pero sobre todo en situaciones de emergencia o para asegurar derechos; las que se presentan aquí en muchos casos no son así», dijo. Lorente puso el énfasis en que esta ayudas «han de justificarse por parte de los técnicos».
