No quiere que se interprete como una amenaza, pero el alcalde de Ròtova, Antonio García, tiene muy claro que la basura que entra en la planta de transferencias de este municipio a diario procedente de la Safor y la Vall d´Albaida no puede permanecer en las instalaciones más de 24 horas antes de que los camiones de la concesionaria del Consorcio de Residuos (COR) la transporte hasta la planta de tratamiento y eliminación autorizada. Si esta premisa estipulada en la normativa se incumple y comienzan a acumularse los residuos, García está dispuesto a tomar las medidas que el ayuntamiento tiene en su mano, que podrían pasar incluso por ordenar la clausura de la estación de transferencias. El alcalde asegura que, de momento, hay un colchón suficiente para garantizar la recogida en los municipios durante estas Pascuas, pero cree que el problema se agravará notablemente en verano. El COR es consciente de la problemática vecinal que representaría un colapso en la planta de Ròtova, situada a apenas 400 metros del núcleo urbano, y quiere evitar a toda costa que eso ocurra.
Pero las dificultades para encontrar un destino viable a toda la basura que se genera en las 5 comarcas está conduciendo a una situación insostenible, puesto que los repuntes en la producción de residuos durante los fines de semana y en épocas festivas generan problemas que trascienden del área geográfica del COR. Otro conflicto lo representa el incremento de los costes que está afrontando esta entidad a raíz de la redistribución de flujos de 2016. El Consorcio ha pasado de pagar 70 euros por tonelada tratada en la planta de Fontcalent (Alicante) a tener que asumir cerca de 90 euros con los nuevos destinos acordados. Los continuos quebraderos de cabeza para garantizar el destino de la basura, además, restan tiempo a los gestores del organismo para centrarse en asuntos de vital importancia y avanzar hacia una gestión autosuficiente, en el proceso de definir el nuevo esquema de instalaciones de tratamiento y eliminación que ha de materializarse. El COR, por ello, exige a la Generalitat una solución con garantías que proporcione estabilidad.
