El martes 4 de abril, este diario insertaba una información: «A mil días del fin del peaje de la AP-7», encabezada por una foto en la que aparecen únicamente alcaldes, concejales y ciudadanos de la Safor. Concretamente de Oliva, Bellreguard, Palmera y l'Alqueria de la Comtessa, como si al resto de habitantes y representantes políticos de las comarcas centrales valencianas no les fuera nada en el asunto reivindicado y escenificado por los más afectados por los agravios sufridos durante décadas a cuenta de los tapones urbanos derivados del paso de la N-332 por Oliva y Bellreguard.

Una discriminación más que cabe sumar a la pila de agravios perpetrados por los diferentes gobiernos centrales con los valencianos, cuya perspectiva siempre ha girado en torno a la España radial. Por eso, dicho clamor debiera ser arropado por organizaciones sociales, políticas, económicas y sindicales de las CCV. Para convertir abril de 2020 en una fecha de libertad, para el caso del peaje. La cuestión, vista desde la Vall d'Albaida, llegó a convertirse en una enfermedad endémica. Ya que no son pocos los que acuden a sus apartamentos costeros o a las playas usando las mentadas comunicaciones, pero también las empresas exportadoras, caso de las textiles, que nunca vieron atendida su petición de una entrada y salida a la AP-7 desde la carretera comarcal, amén de los peajes pagados históricamente en detrimento de la competitividad de sus productos. Aún escuece la prolongación, por otros 20 años, que realizó el entonces prepotente presidente de la Generalitat, el popular Eduardo Zaplana, a la actual empresa concesionaria de la AP-7.

Pero como bien saben las gentes de este lugar, el PP no es de fiar y el que preside el gobierno de Mariano Rajoy menos. Por lo que, no estaría de sobra que los antedichos representantes, empezando por los políticos, a través de ayuntamientos y mancomunidades se unieran con toda suerte de pronunciamientos legales a la pancarta del «AP-7 1.000 i restant». No sea que como reconoce el portavoz de la empresa concesionaria de la AP-7, Abertis, las promesas ministeriales queden en agua de borrajas. Y los de Rajoy nos «ofrenen» un nuevo agravio, de los que los valencianos andan sobrados, vía licitar un nuevo contrato de concesión de la autopista con el fin de seguir gravando la comunicación terrestre de los valencianos con Cataluña y el resto de Europa. Abundando en los agravios, evocar ese fatuo y ruinoso aeródromo de Ciudad Real (amén del AVE que pasa por allí), cuyo coste pagaron las arcas del Estado, 1.000 millones de euros, y se liquidó por 56. Y los cinco mil millones que por la gracia del gobierno de Aznar nos costará el rescate de las autopistas que circundan Madrid.

Desdoblamiento CV60. Aunque en la AP-7 la Mancomunitat de la Vall d'Albaida no ha andado rauda, sí está moviendo ficha e involucrando a los ayuntamientos de la comarca para que tomen cartas en el enésimo olvido que atañe a un compromiso suscrito en 2005 entre Fomento y Generalitat. El acuerdo contemplaba la construcción del doble tramo de 20 km entre Terrateig y l'Olleria, en la CV60. Han pasado 12 años y todas las sumas son negativas: 10 vidas pérdidas en la vía, además de «precarizar las comunicaciones ferroviarias y portuarias en la Vall d'Albaida», según la Mancomunitat.