éste próximo lunes es festivo y mucha gente hará planes. Es, para variar, una fiesta «civil». No la impone el calendario judeocristiano sino que se echa la persiana para conmemorar el Día del Trabajo y, en concreto, un suceso nada alegre como es el ahorcamiento de cinco trabajadores a causa de los graves incidentes sucedidos tras la huelga que realizaron 85.000 trabajadores en EEUU en demanda de la jornada de 8 horas. Ahora resulta incomprensible dado que la aspiración del personal es la de tener contratos de duración superior al par de horas o de días. Pero entonces se trabajaba hasta 16 horas seguidas, lo que justifica, más que suficientemente, su deseo de reducir la jornada.
Las cosas pueden cambiar mucho en relativamente poco tiempo. Tanto que quienes se partieron el pecho hace ciento y pico de años se quedarían estupefactos, y es de prever que algo decepcionados, si vieran que hoy el Día del Trabajo no es más que una jornada festiva en la que la clase trabajadora, inmersa en una preocupante crisis de identidad, se monta un plan que no incluye para nada la reivindicación de sus derechos laborales.
No será porque no les haga falta. Hoy hablar de empleo no es sinónimo de vida digna, porque el trabajo sólo garantiza una supervivencia cuestionable y por ello el 25 % de las familias de este país roza la exclusión social, independientemente de que se tenga o no ocupación. Se puede hablar de un mercado laboral donde quien trabaja no tiene ninguna garantía de continuidad, ni apenas certezas sobre la ubicación de su puesto de trabajo. Y donde los salarios son más limosna que justa retribución. Un país en el que las prestaciones por desempleo solo son percibidas por la mitad de las personas desempleadas y las pensiones deberían hacer sonrojar a los gobernantes que las permiten.
Esa es la realidad también de nuestro entorno más cercano. En Xàtiva, a 31 de marzo, 2.700 personas estaban en paro en nuestra ciudad, un 59 % de ellas mujeres. Las familias en riesgo de exclusión social, que deben ser atendidas por los servicios sociales municipales cada vez aumentan en número. Y aunque se multiplican esfuerzos y se destinan recursos municipales con generosidad y empeño, es imposible desde lo local remediar desigualdades que afectan a la propia estructura económica y social de este país.
Mientras tanto, para una relevante minoría las cosas van mucho mejor. Hay tres personas que poseen lo mismo que todos los habitantes de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntos ( Amancio Ortega y su hija y D. Juan Roig). Siete mil personas pasaron el año pasado a engrosar la lista de millonarios. A las grandes empresas les toca un cómodo 13 % de la carga fiscal, mientras que las familias colaboran con más del 80%.
A pesar de todo, ante la próxima celebración del Día del Trabajo, apetece mucho más irse a la caseta que salir a la calle para exigir sin excusas que se tomen las medidas necesarias para revertir una situación cada vez más insoportable. Cargarse las reformas laborales, establecer un salario mínimo suficiente, garantizar una renta básica para las 630.000 familias que viven sin ningún tipo de ingreso, o hacer realidad esa necesaria reforma fiscal que imponga mayores contribuciones a quien más tiene, son soluciones que no se harán realidad, si no se exigen con la misma decisión con que lo hicieron aquellos trabajadores en 1886.
Hoy ya no ahorcarían a nadie, pero pocos están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Que triste es la derrota, sin ni siquiera haberlo intentado.
