Si bien en la pasada legislatura ya había precedentes, ha sido en los dos últimos años cuando los consistorios han habilitado departamentos y servicios especializados para atender a personas en riesgo de desahucio.
En Alaquàs, el primer municipio que firmó un acuerdo con la PAH, la media de órdenes de desahucio de la que tiene conocimiento el consistorio va de los 30 a los 50 casos anuales. Así fue desde 2013 a 2015. En el ejercicio 2016, la cifra llegó a los 65. Y en 2017, ya se han detectado 37 casos, de los que 22 están atendidos por los servicios locales y siete se han paralizado.
Catarroja abrió durante el pasado año 68 expedientes relacionados con problemas de desahucios, de los cuales tres fueron casos judiciales por ocupación de vivienda, y donde los dos que se ejecutaron obligaron a realojar a las familias en casas de familiares. A través del servicio de intermediación con el colegio de abogados y el de la Mancomunitat han logrado prorrogar la mayoría. El consistorio ha habilitado un protocolo de actuación y negocia firmar con el juzgado un convenio para tener conocimiento desde el momento de la presentación de la demanda.
En Paiporta, desde la llegada del nuevo equipo de gobierno «no se ha producido un desahucio», afirmaron fuentes municipales. Acordaron con el juzgado que les avisara de los alzamientos previstos para que Bienestar Social actúe y consiga una prórroga o un alquiler social. Además, cede a la PAH un local en el Museu de la Rajoleria para que asesoren a afectados por las hipotecas.
En l'Horta Nord también diversos consistorios tienen servicios especiales. En Burjassot, el consistorio impulsó el 14 de octubre de 2015 la Oficina Municipal de Vivienda, Intermediación hipotecaria y alquiler (OVIHAS).
