Que el Ayuntamiento de Anna sea objeto de una denuncia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la instalación de dos papeleras en el Gorgo de la Escalera forma parte del universo kafkiano que rodea la gestión de las playas continentales, donde un permiso para retirar un desprendimiento de piedras del cauce puede demorarse durante meses.
Bien lo sabe el Ayuntamiento de Gestalgar, que tiene bloqueado el 2% de su presupuesto a la espera de una autorización del organismo de cuenca para restaurar sus zonas naturales de baño, dañadas por los temporales. O el Ayuntamiento de Bolbaite, con la soga al cuello para garantizar la seguridad de los 10.000 bañistas que entre julio y agosto disfrutan de su río porque el dinero ingresado se esfuma en costear el mantenimiento y la limpieza del paraje, del que se extraen tres contenedores de basura diarios en época estival.
La II Jornada sobre Playas Continentales que ayer acogió el Palacio de Anna sacó a la luz la avalancha de obstáculos, trabas y vacíos normativos a los que se enfrentan los ayuntamientos valencianos en la pugna por conseguir un equilibrio entre el aprovechamiento turístico de las playas de interior y la conservación de unos enclaves de gran valor ambiental que se ven desbordados por la afluencia de visitantes en verano.
El foro no solo sirvió para canalizar el malestar de los alcaldes por la problemática, sino que fue el germen del nacimiento de un frente común para reivindicar una serie de demandas compartidas. La CHJ fue la principal diana de las críticas por la falta de implicación, pero no la única. En el debate afloró el sentimiento de marginación y agravio comparativo de los pueblos de interior respecto a las zonas marítimas, donde se concentran las inversiones.
Como anfitriona de la jornada, la alcaldesa de Anna y presidenta de la Mancomunidad de la Canal, Pilar Sarrión, apeló a la unidad de los municipios afectados para forjar una alianza que pase de la queja a la acción insistente en las instituciones. Sarrión denunció las trabas para limpiar y acondicionar el Gorgo de la Escalera y la falta de respuesta de la CHJ a la petición urgente de actuaciones tras los aterramientos producidos a raíz de los episodios de lluvias.
Los consistorios se quejan de que sus recursos son demasiado exiguos para mantener, vigilar, limpiar y dotar de seguridad las playas continentales, competencias que una ambigua normativa reguladora deja en sus manos. Ante esta responsabilidad que las corporaciones asumen sin apenas ayudas, muchas optan por acotar zonas recreativas y cobrar entrada por el acceso para incrementar los controles y reinvertir los ingresos en el cuidado de los espacios de baño, que constituyen el principal reclamo turístico en la Canal. Sin embargo, la CHJ tiene la potestad sobre el dominio hidráulico y es el órgano que ha de dar permiso a cualquier intervención. Y ahí llega el laberinto administrativo y los quebraderos de cabeza. «No nos dejan poner papeleras. Los trabajadores que limpian el Gorgo de la Escalera tienen que subir la basura a cuestas por 138 escalones porque tampoco autorizan una trituradora ni otros sistemas de carga o limpieza. Los ingresos de la entrada no llegan ni para cubrir los gastos: el precio es más simbólico que otra cosa», observa Sarrión.
La alcaldesa de Anna pide que la CHJ salga del letargo, actúe y permita restaurar el paraje, modificado tras las lluvias, a tiempo que pone el acento en la falta de actuaciones de limpieza de las brigadas de Divalterra.
«Estamos atados de pies y manos»
En Bolbaite, el temporal de invierno también alteró el perfil del río, catalogado recientemente como playa continental. La alcaldesa, Carolina Mas, censura que la dejadez del organismo de cuenca en dar respuesta a las necesidades aboca a los consistorios a actuar por su cuenta. Bolbaite cobra por el acceso a la zona recreativa para combatir los problemas de suciedad derivados de la avalancha de bañistas en verano, pero la medida no es entendida por todos. «La pretensión no es llenar las arcas municipales, sino que el río sea un atractivo turistico», recalca Mas. Hasta ahora, nunca ha habido socorristas, otra de las disyuntivas que preocupan a los ayuntamientos. La contratación de dos vigilantes de Cruz Roja dos meses costaría 10.400 euros, una cantidad que la alcaldesa ve inasumible para un pueblo de 1.369 habitantes. Aun así, este año se plantea habilitar un punto de auxilio con un vigilante, para atender incidentes.
Mas echa en falta «una normativa clara» que regule las zonas naturales y lamenta que la catalogación como playa continental, pese a garantizar un mayor control y calidad de las aguas, no va acompañada de apoyo técnico, legislativo y económico. Para ésta, las demandas de los municipios son asumibles, pura «calderilla».
«Los alcaldes estamos atados de pies y manos». Raúl Pardos, primer edil de Gestalgar, también arremete contra la dejadez de la CHJ. «En las playas marítimas nadie entendería que no se actuara de emergencia tras los daños de un temporal», reflexiona.
