La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó el lunes la decisión de liberar a 20 municipios valencianos con un elevado nivel de deuda del castigo de ver retenidos cada año la mitad de los ingresos del Estado. Estos ayuntamientos podrán devolver el pasivo que mantienen con el Ministerio de Hacienda a través de créditos en condiciones más favorables. Se trata de una demanda largamente reivindicada por el consistorio de Albaida, que sufre una merma de ingresos de 600.000 euros al año por la retención del 50% de la participación en los tributos del Estado, que acarreaba, además, unos elevados tipos de interés, del 6%.

El alcalde, Josep Albert, acoge la medida anunciada esta semana con cautela, puesto que aún no ha recibido una notificación oficial y desconoce los detalles. De confirmarse, sin embargo, no duda en señalar que «sería la mejor noticia de la legislatura», después de varios años peleando por zafarse de una soga que oprime las finanzas municipales. Los ayuntamientos afectados son aquellos que tienen que devolver sus deudas derivadas del mecanismo de pago a proveedores habilitado en 2012 (el Plan Montoro) mediante retenciones, porque sus planes de ajuste no fueron validados por Hacienda. Con la nueva regularización, estas corporaciones podrán solicitar un crédito a tipos de mercado, ahorrándose más del 4% en intereses. En la misma tesitura que Albaida se encuentran las localidades de Estubeny, Novetlè, Bellús y Vallés dentro de las comarcas de la Costera y la Vall d'Albaida. Estas corporaciones tendrán que redactar un Plan de Ajuste, aunque bajo condiciones más ventajosas que en anteriores ocasiones.

Albert recalca que la retención de Hacienda constituye un auténtico «calvario» que no deja de añadir más deuda a la ya de por sí hipotecada administración local, hasta el punto de dificultar la cobertura de algunas obligaciones y servicios públicos y de incrementar el periodo medio de pago a proveedores. Si el nuevo mecanismo del Ministerio se autoriza, el alcalde cree que en 10 años podría liquidarse el pasivo municipal. En caso contrario, la actual situación de asfixia se arrastraría hasta 2035.