El juzgado de lo contencioso-administrativo nº7 de València ha fallado a favor del Ayuntamiento de Xàtiva en uno de los pulsos judiciales que la administración mantiene con el arquitecto municipal Antonio Vela. El funcionario fue apartado del puesto en junio de 2016 por infringir las normas de incompatibilidad. El alcalde, Roger Cerdà, lo sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante tres años, como responsable de una falta muy grave. El recurso que interpuso Vela contra el castigo ha sido ahora desestimado.

La sentencia, dictada el 19 de junio por la magistrada Mª Jesús Guijarro, considera acreditado que Vela incumplió la ley al compaginar su plaza en el consistorio con una actividad privada en la que ejercía como accionista y administrador mancomunado de una sociedad mercantil dedicada a prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en la elaboración de proyectos de arquitectura e ingeniería. Según la defensa del ayuntamiento, estos trabajos le estaban vedados, puesto que podía beneficiarse de la información que obtenía en el sector público o incluso «ver perturbada su imparcialidad a causa del beneficio que le reporta su empresa».

El extécnico municipal acudió a los tribunales para reclamar que se le reconociera el derecho a permanecer en la administración local, apoyándose en diversas razones: que la resolución no era conforme a derecho, que el procedimiento había caducado, que no se le había permitido defenderse correctamente, que la sanción era desproporcionada y que la falta, en todo caso, había prescrito. Todos estos argumentos han sido rechazados tajantemente por el juzgado. El fallo, que admite recurso, valida sin fisuras el procedimiento sancionador dictado por Roger Cerdà.

En 2001, a Vela le fue autorizada una declaración de compatibilidad para efectuar trabajos en el sector privado. Sin embargo, el permiso quedó invalidado años después, con la entrada en vigor de una nueva normativa de personal ratificada por el pleno en 2008. El funcionario asegura que no tuvo constancia de ello hasta 2014. Desde 2009, Vela intervino con su empresa en 30 obras en diversos municipios, según atestigua el Colegio de Arquitectos. Aunque en 2015 le fue denegado otro permiso de compatibilidad, siguió desobedeciendo al ayuntamiento y mantuvo su cargo en la mercantil.

«El gobierno del PP no hizo nada»

La edil de Urbanismo, Cristina Suñer, pone el acento en la «contudencia» del fallo, que «demuestra que el consistorio ha actuado de forma coherente» contra «una situación que era irregular» y que, según hace hincapié la regidora, el gobierno del PP «conocía y no hizo nada». Suñer prevé que en 15 días pueda estar cubierta mediante concurso la plaza de arquitecto municipal de forma interina.

En teoría, Vela debería regresar al puesto en 2019. Sin embargo, el arquitecto se encuentra inmerso en un rosario judicial que podría dinamitar esa incorporación, puesto que está imputado en dos causas penales en las que se investiga el presunto amaño de los pliegos y los cuestionados sobrecostes de las obras de la plaza de toros de Xàtiva, que el técnico autorizó bajo el mandato de Alfonso Rus. Como acusación popular, el PSPV pidió cárcel e inhabilitación para Vela tras dictarse la apertura de juicio oral contra él por la adjudicación. En el otro proceso, está personado el consistorio. Suñer apoya que el funcionario sea apartado definitivamente del cargo y lamenta que la lentitud de la justicia está entorpeciendo la labor municipal.