El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Xàtiva ha desestimado el recurso del exarquitecto municipal del Ayuntamiento de Xàtiva, Antonio Vela, acusado de un presunto delito de tráfico de influencias previsto y penado en el artículo 428 del Código Penal por su intervención en las obras de la reforma de la plaza de toros de Xàtiva. La titular del juzgado desestima el recurso de Vela contra el auto del 5 de septiembre de 2016 de incoación del procedimiento abreviado. La defensa del arquitecto alegaba que no «existen indicios de la comisión del delito» que se imputa a Vela y que «no son ciertos los hechos» que se le atribuyen. Asimismo, la defensa, según el texto del juzgado, afirmaba que «el delito por el que se incoa procedimiento abreviado habría prescrito» ya que «los hechos ocurrieron en 2005 y el procedimiento se inició en 2013». El acusado estimaba en su recurso que la prescripción es a los tres años.
Sin embargo, el juzgado señala sobre el segundo de los argumentos del arquitecto, el referido a que el presunto delito pudiera haber prescrito, que «no existe la prescripción». «Como apunta la acusación en su escrito de impugnación del recurso, está prevista [...] la pena de inhabilitación de cinco a nueve años» mientras que el plazo de prescripción (cuando un delito ya no se puede juzgar) y según el artículo 131 del Código Penal «sería de diez años y no de tres como sostiene el recurrente, de forma que si los hechos presuntamente se hubieran llevado a cabo en el año 2005 y la denuncia se interpuso en el 2013, el citado plazo no habría transcurrido y en consecuencia, la infracción penal no habría prescrito», dice el fallo.
Vela es investigado para aclarar si, desde su puesto como arquitecto municipal, pudo haber actuado en connivencia con la empresa de consultoría que diseñó y desarrolló el proyecto de la plaza de toros de Xàtiva. El PSPV-PSOE de Xàtiva, que ejerce como acusación particular, ha pedido tres años de cárcel para el antiguo funcionario del ayuntamiento por un presunto delito de tráfico de influencias.
Según publicó Levante-EMV, a partir de esta primera investigación, la juez acordó en septiembre del año pasado la apertura de una pieza separada para practicar nuevas diligencias centradas en los sobrecostes del coso, tras denunciar el ayuntamiento un desfase entre la obra certificada por Vela y la realmente ejecutada. Todo ello en base a un informe pericial. La juez apreció indicios de delito derivados de la diferencia en el coste estimado de la remodelación de la plaza y lo que costó al final, que fue un 1005 más de lo previsto.
Cabe recordar, además, que el antiguo arquitecto municipal está suspendido de empleo y sueldo por el actual equipo de gobierno que preside Roger Cerdà por incurrir en una supuesta incompatibilidad. Según los datos que dice manejar el consistorio, Vela habría trabajado para la administración al mismo tiempo que redactaba proyectos privados para los que no contaba con la llamada compatibilidad, tal como se publicó. Ese otro proceso sigue su curso.
