Las secuelas de la fiebre del ladrillo siguen pasando factura en el ámbito local. Un puñado de sentencias urbanísticas que hunden sus raíces en la época del boom inmobiliario tienen la culpa de que tres ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida hayan incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por la ley. De las 61 entidades que integran las tres comarcas, Bèlgida, Cerdà y Vallada son las únicas que suspenden el trámite en la relación que ha publicado el Misterio de Hacienda después de examinar las liquidaciones de 2016. Hace un año, diez consistorios se encontraban en esa tesitura.
La normativa estatal que el Gobierno introdujo tras el estallido de la crisis impone un restrictivo corsé a las administraciones en forma de techo de gasto. Si se supera ese límite o se incurre en un saldo no financiero negativo (la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta los préstamos bancarios), las corporaciones son señaladas en la «lista negra» y están obligadas a diseñar un plan económico-financiero para corregir su situación, bajo la amenaza de sanciones.
Los alcaldes de los tres municipios «incumplidores» coinciden a la hora de explicar el motivo de su inclusión: es la consecuencia de los reveses judiciales sufridos a raíz de la gestión urbanística de sus antecesores en el cargo.
Como contó este diario hace un año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obligó al Ayuntamiento de Bèlgida a devolver 140.000 euros a la promotora Zaragozá por los gastos de tramitación de un PAI aprobado en 2008 bajo el gobierno del PP que nunca llegó a ejecutarse. La constructora entró en concurso de acreedores y el programa, repleto de dudas técnicas, se frustró. El fallo echó por tierra las previsiones económicas del consistorio y fulminó el ahorro exhibido por la corporación, que maneja un presupuesto anual de 400.000 euros. «Es el primer año que cerramos en negativo y que no cumplimos la estabilidad», explica el alcalde, Diego Ibáñez. «Al tratarse de un gasto inevitable, como es una sentencia, el Ministerio considera que no es necesario que hagamos un plan de ajuste ni que apliquemos recortes o subamos impuestos», recalca. «Con nuestro presupuesto no se puede hacer milagros: los ahorros nos hubieran venido muy bien», zanja.
El Ayuntamiento de Cerdà también ha encajado una condena urbanística de 160.000 euros por la gestión del polígono en la etapa del PP. El alcalde, el independiente José Luis Gijón, subraya que esa cantidad se suma a una deuda heredada de 100.000 euros. El presupuesto municipal asciende a 200.000 ?. Con «mucho esfuerzo» aunque «sin posibilidad de recortar más», Gijón asegura que el consistorio está enderezando el rumbo. Ayer mismo, el pleno aprobó un plan de ajuste con diversas propuestas en materia económica. La corporación ya ha abonado prácticamente la mitad de la sentencia, con lo que el alcalde confía en liquidar todo el importe antes de acabar la legislatura. «Nos toca cargar con el muerto de quienes han gobernado 20 años en el pueblo, pero no queda otra», lamenta.
2,3 millones de desfase en Vallada
Vallada se lleva la palma de los incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria. El consistorio cerró 2016 con un desajuste de 2,3 millones de euros por culpa de las sentencias derivadas de la expropiación de terrenos para Valpark, que han multiplicado exponencialmente el justiprecio inicialmente definido.
La condena obligó a la corporación a acogerse al Fondo de Ordenación del Gobierno, mecanismo al que tendrá que volver a acudir ahora para financiar el pago de otras 17 sentencias vinculadas a más ocupaciones de suelo ,que han elevado la deuda global del municipio a 25 millones de euros.
La alcaldesa, Mª José Tortosa, sostiene que «el equilibrio presupuestario es imposible», a la espera de que la diputación o la conselleria brinden su ayuda para poner en marcha un plan económico que permita paliar la asifxia financiera. «No nos gastamos nada si no es realmente preciso o si no tenemos subvención y somos el pueblo que menos dinero aporta a las fiestas (15.000 euros), pero la losa de Valpark -otro proyecto del PP- sigue rebotándonos y hemos de hacer encaje de bolillos para poder mantener el pueblo limpio, pagar la luz, la basura y las nóminas», observa Tortosa.
