Primero se anunció para mediados de julio. Más tarde se barajó en agosto. Al final, el PSPV ha terminando fijando el 5 de septiembre la fecha del relevo en la presidencia de la Mancomunitat de la Costera-la Canal. La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, fue elegida hace ya un mes por la agrupación socialista comarcal para reemplazar al frente de la institución a Roberto Granero, que no puede seguir en el cargo desde que dejó la alcaldía de l'Alcúdia de Crespins, en junio. El retraso del pleno de investidura „Granero cumplirá tres meses de mandato en funciones en septiembre„ ha despertado las quejas airadas de Compromís y el PP por el «bloqueo» de la entidad y el incumplimiento de sus estatutos, que no permiten a los concejales rasos ser presidentes.
El secretario comarcal del PSPV no ve ningún problema legal en el proceso de transición y sostiene que hay varios informes técnicos municipales que lo avalan. Xavier Simón asegura que «agosto es un mes inhábil» para las administraciones, en el que «la mitad de gente está de vacaciones» y recuerda que el PSPV cuenta con mayoría absoluta en la Mancomunitat y no depende de ningún pacto para gobernar. En ese sentido, indica que el partido está siguiendo la hoja de ruta decidida tras el comité comarcal de Enguera. El dirigente socialista sostiene que «la Mancomunitat ha seguido funcionando perfectamente» y avanza que se va a dar continuidad al mismo proyecto porque «las cosas se están haciendo bien». Simón concluye que el relevo en la presidencia se afronta «con mucha tranquilidad».
El portavoz de Compromís, Vicent Muñoz, en cambio, se muestra «estupefacto» por el aplazamiento de la investidura y pone encima de la mesa un conjunto de leyes para señalar que el presidente tendría que haber renunciado al cargo hace tiempo -cosa que no ha hecho aún- para no contravenir la normativa. Muñoz echa en falta una mayor información sobre los cambios internos y pone el acento en la «sensación de provisionalidad y de tiempo perdido».
Sin dedicaciones parciales
A partir de septiembre, la futura presidenta de la Mancomunitat, Mª José Tortosa pretende introducir cambios de calado en el funcionamiento del organismo supramunicipal. Según ha podido saber este diario, entre sus planes figura la supresión de las dedicaciones parciales de los representantes políticos, que en la actualidad representan un coste de 27.000 euros anuales. Eso quiere decir que, a diferencia de su antecesor -que percibía un sueldo de 10.668 euros brutos- Tortosa no tendrá una retribución fija y solo cobrará por las asistencias a los órganos de gobierno. Los emolumentos de 16.000 euros asignados desde 2016 al alcalde de la Granja, Carlos Garrido -que se postuló para la presidencia del ente como alternativa dentro del PSPV-, también dejarían de consignarse.
La nueva presidencia estudia dedicar el montante ahorrado en sueldos políticos a profesionalizar la gestión de la Mancomunitat. ¿Cómo? Dotando una nueva plaza de dirección técnica en los presupuestos de 2018, a falta -eso sí- de examinar el encaje que puede tener esta medida en los estatutos, caducados y pendientes de una modificación que se aplaza a la espera de que las Corts aprueben la nueva Ley de Mancomunidades. Por otro lado, el PSPV quiere redefinir el organigrama interno y llegar a un acuerdo con Compromís para compensar el mayor peso que la coalición valencianista ocupa en el pleno de la entidad tras los relevos en las alcaldías de Montesa y l'Alcúdia de Crespins que se han materializado durante 2017.
Los socialistas bajaran ceder a Compromís más competencias, brindando una vicepresidencia y una mayor representación en la junta de gobierno, donde solo tienen un miembro. Las tres comisiones de gobierno existentes se mantendrían, si bien su actividad se vería incrementada -algunas apenas se han reunido y son poco operativas-, y se abriría la puerta a posibles cambios que los valencianistas también demandan. Antes de dejar la presidencia que asumió en septiembre de 2015, Roberto Granero prevé convocar un acto público para hacer balance de sus dos años de gestión.
